Anuncian liberación de secuestrados

Clara Rojas fue secuestrada junto a la ex candidata presidencial, Ingrid Betancourt, en 2002

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron que dejarán en libertad a tres de los civiles secuestrados: Clara Rojas, a su hijo Emmanuel y a la ex congresista Consuelo González de Perdomo, según un comunicado dado a conocer a través de la agencia de noticias Prensa Latina.

Rojas, quien tuvo a su hijo durante su cautiverio, fue la jefa de campaña de la ex candidata presidencial franco-colombiana Ingrid Betancourt.

Lea reacción de familiares de retenidos

Según el comunicado de la guerrilla, la orden para liberar a los rehenes en Colombia ya ha sido impartida, y los tres deberán ser entregados al presidente Chávez, o a quien él decida.

La liberación, afirma el comunicado, es un gesto de "desagravio al presidente (de Venezuela Hugo) Chávez, a la senadora liberal colombiana Piedad Córdoba, y a los familiares de los prisioneros".

La gestión mediadora de Chávez y Córdoba entre las FARC y Bogotá para el canje humanitario de rehenes por guerrilleros presos fue cancelada por el gobierno colombiano.

La liberación se haría efectiva en las próximas horas.

El comunicado

El secuestro de Rojas tuvo lugar mientras acompañaba a Betancourt en febrero de 2002, durante la campaña presidencial.

Consuelo González de Perdomo, fue capturada por las FARC en septiembre de 2001.

Las madres de Ingrid Betancur y de Clara Rojas, han librado una larga batalla por su liberación.

En su comunicado, las FARC insisten en el despeje militar de los municipios de Pradera y Florida por 45 días para concretar un acuerdo humanitario.

La organización guerrillera ratificó su voluntad de lograr ese acuerdo y de avanzar en la solución política del conflicto armado.

Sin embargo, consideraron "improvisada e inaceptable" la propuesta de una zona de encuentro, que hizo recientemente el gobierno colombiano.

En el comunicado de siete puntos, las FARC agradecieron a Chávez su esfuerzo como facilitador y calificaron de "acto de barbarie diplomática" la anulación de su gestión por parte del gobierno colombiano.