El gobierno español parece apostar por una gestión conciliadora en torno a la crisis con Venezuela.
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, descartó que se llame a consultas al embajador de España en Venezuela y dijo que intentarán evitar gestos de protesta que puedan traer consecuencias negativas.
Según medios locales las empresas españolas han pedido al gobierno que actúe con "tranquilidad y serenidad".
Esto después de que el presidente Chávez declarara que está sometiendo a una profunda revisión las relaciones políticas, diplomáticas y económicas con España.
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero espera que las aguas pronto vuelvan a su cauce.
Este miércoles, el jefe de la diplomacia española declaró en el Congreso de los Diputados que el deseo del gobierno es "tener una muy buena relación con Venezuela y haremos todos los esfuerzos para lograrla y consolidarla" declaró
Moratinos pidió respeto, respeto a las instituciones y a las empresas españolas "así como España respeta a las instituciones y a las empresas venezolanas".
"La persistencia declarativa del presidente de Venezuela no ayuda a salir del desencuentro de Santiago de Chile" indicó el canciller español.
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"Cortina de humo"
La crisis con Venezuela es tema de tertulias y foros de debate en este país.
Algunos columnistas elogian la actitud prudente del gobierno español, otros exigen una respuesta más contundente al presidente Hugo Chávez o cuestionan el papel de las cumbres iberoamericanas.
También hay quienes señalan que lo que debió haber sido algo meramente anecdótico se ha convertido en una "cortina de humo" para cubrir asuntos de la política interna venezolana, particularmente relacionados con la reforma constitucional que será sometida a referendo el próximo 2 de diciembre.
"Lo que ha declarado el presidente venezolano hay que analizarlo bajo la idea de que el 2 de diciembre Venezuela celebrará un referéndum sobre una reforma constitucional que permitiría a Chávez gobernar tantas veces como lo elija el pueblo" comenta en un artículo el diario el País, atribuyendo las declaraciones a empresarios que pidieron el anonimato.
Lo que también se ha destacado es que España vive actualmente un período preelectoral en el que cualquier crisis sirve de trinchera para una batalla que se librara en las urnas el próximo 20 de marzo.