Según la OEA, las Farc son el más serio problema de seguridad para las elecciones
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Dos candidatos a las elecciones regionales del próximo domingo en Colombia fueron asesinados, con lo que se eleva al menos a 21 el número de víctimas d al violencia preelectoral en ese país.
Los políticos muertos fueron identificados como Gratiniano Murcia, candidato a la alcaldía de la población de Cartagena del Chaira, en el departamento del Caquetá, y Carmen Liliana Polania, aspirante a la asamblea de la misma provincia.
Según medios locales, el crimen se atribuye a la guerrilla izquierdista de las FARC.
Este miércoles, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOEA) manifestó nuevamente su preocupación por las acciones contra candidatos por parte de grupos armados al margen de la ley.
Señalan a las FARC
La Misión publicó este miércoles su informe sobre la situación preelectoral en Colombia, e hizo una serie de recomendaciones.
"La observación pre electoral hecha por la MOEA, pareciera indicar que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) constituyen el principal problema de orden público con el que se enfrenta el país y, por extensión, el principal factor generador de posibles irregularidades electorales", dice el informe.
"La acción de las FARC en las zonas donde tiene incidencia se traduce en anuncios de paros armados, amenazas a los candidatos y a los electores, restricciones a la libre movilidad de los ciudadanos y limitaciones al desarrollo de los actos proselitistas".
El documento reconoce, sin embargo, que ha habido una reducción de los hechos de violencia de la guerrilla con respecto al proceso electoral de 2003, pero lamenta el asesinato de varios candidatos en este proceso.
"Los problemas de órden público, las amenazas a la integridad física de los ciudadanos y los riesgos de los candidatos...significan una preocupación de primer órden para la Misión", dice el informe.
De víctimas, a candidatos
En este contexto de violencia, la campaña electoral en Colombia, registra la participación de al menos 19 candidatos que han sido víctimas directas o indirectas de la violencia.
Varios candidatos decidieron llegar a cargos públicos luego de perder a sus seres queridos.
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Según el diario El Tiempo, algunos de los candidatos son familiares de personas secuestradas, o que han sido asesinadas tanto por las guerrilla como por grupos paramilitares.
Siete de los candidatos son familiares de los exdiputados del departamento del Valle secuestrados por la guerrilla de las FARC, y que al cabo de 5 años de cautiverio murieron en poder de los rebeldes.
A otros siete candidatos les mataron o secuestraron a sus padres, o esposos.
Dos más estuvieron secuestrados; una fue víctima de un atentado, y otro más se encuentra bajo amenaza de muerte.
Algunos explican que su deseo de llegar a cargos públicos les nació luego de perder a sus seres queridos.
Según el diario colombiano, una de sus promesas es la de luchar por la reparación de otras víctimas de la violencia en Colombia, y el impulso de un acuerdo humanitario entre el gobierno y los rebeldes.