Uribe ocupó la mayor parte del día haciendo declaraciones a los medios desde la casa de gobierno.
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Un cruce de acusaciones entre el presidente colombiano Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia subió la tensión alrededor de la investigación judicial a la que se ha dado en llamar la "para-política".
El proceso que intenta determinar los supuestos nexos con paramilitares de derecha de unos 41 congresistas, dos gobernadores, un ex jefe de la policía secreta y decenas de políticos más, acaba de comprometer al mismo mandatario.
En efecto, este martes, Uribe reclamó estar en su derecho al pedir una investigación sobre un supuesto complot en su contra en el que -aduce- habría participado un juez del tribunal que lo intentó implicar en un plan criminal con los paramilitares.
En las últimas horas, el presidente hizo pública una carta fechada el 11 de septiembre como prueba -dijo- de que el magistrado Iván Velásquez habría ofrecido beneficios judiciales a un paramilitar preso para que declarara en contra del jefe del Estado y lo acusara de planear el homicidio de otro paramilitar.
La jefe de la policía secreta colombiana, María del Pilar Hurtado, dijo que la carta que recibió el presidente firmada por el paramilitar José Orlando Moncada Zapata (alias "Tasmania") es en "un 95 por ciento legítima", aunque evitó referirse a la veracidad de su contenido.
Mientras tanto, el fiscal general, Mario Iguarán, anunció que su despacho comenzó a investigar el episodio para establecer si lo que dice el paramilitar preso es cierto y si habría lugar a responsabilidades penales.
Obstrucción a la justicia
Las declaraciones de Uribe causaron un profundo malestar en la Corte Suprema, cuyo presidente, César Julio Valencia Copete, salió este martes a defender la forma en que se realiza la investigación.
Los ministros de la Corte Suprema analizan la crisis abierta con el Ejecutivo.
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Al mismo tiempo dijo que la llamada telefónica que Uribe hizo a Velásquez para preguntarle sobre la veracidad de los hechos denunciados en la carta eran una "obstrucción" a la justicia por parte del Ejecutivo.
Antes de iniciar una sesión extraordinaria con los otros 22 magistrados del alto tribunal para analizar esta crisis, el juez expresó además sus temores de que la policía secreta realice seguimientos al equipo a cargo de la investigación que afecta a 41 congresistas, 40 de los cuales hacen parte de la coalición que apoya a Uribe.
Once de esos congresistas ya han renunciado a su fuero, con el fin de ser procesados por la Fiscalía y poder apelar en caso de ser acusados formalmente y condenados.
Uno de los últimos en hacerlo fue el senador Mario Uribe, primo del presidente.
"Calumniador profesional"
Horas después de denunciar el supuesto complot en su contra, el presidente se enfrentó, esta vez a través de una emisora radial, con el columnista Daniel Coronell, de la revista Semana.
El periodista recogió lo dicho por la ex presentadora de televisión Virginia Vallejo, quien fuera amante del jefe del cartel de la cocaína de Medellín, Pablo Escobar, sobre los supuestos nexos de Uribe con el capo.
La denuncia de Virginia Vallejo puede tener consecuencias impredecibles.
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Uribe dijo que Coronell es un calumniador profesional y añadió que hay sectores que quieren que renuncie a la presidencia.
En su más reciente columna, Coronell reprodujo una noticia publicada el 15 de junio de 1983 por el diario El Mundo, de Medellín, según la cual un helicóptero de Pablo Escobar le fue prestado a Uribe para ir a una zona rural del noroccidental departamento de Antioquia donde su padre había sido asesinado y su hermano Santiago había quedado gravemente herido.
No obstante, debido a las malas condiciones climáticas, el helicóptero de Escobar no pudo llegar a la zona a donde se dirigía.
En su enfrentamiento radial con Coronell, el presidente admitió haberse subido a ese helicóptero, pero dijo no saber a quién pertenecía.
Los supuestos nexos entre Uribe y el desaparecido capo del narcotráfico en los años 80 están contenidos en un libro publicado recientemente por Virginia Vallejo, que ofuscó al mandatario, quien acusó a otro periodista, Gonzalo Guillén, de ser el verdadero autor de esas críticas.
Inmediatamente después de los comentarios de Uribe, Guillén denunció haber recibido más de veinte amenazas de muerte que lo obligaron a huir de Colombia el fin de semana pasado.
"Campaña orquestada contra la Corte"
Pero la esgrima retórica de Uribe no terminó con su disputa radial con Coronell.
Posteriormente, en una rueda de prensa, volvió a cargar contra la Corte y dijo que había tenido noticias de que un ex presidente del tribunal "se ufana diciendo que tiene agarrado al presidente".
Las tensiones entre Uribe y la Corte han tenido diferentes lecturas.
Consultada por la BBC, la columnista colombo-española Salud Hernández-Mora, del diario El Tiempo, dijo que ella cree que todo se trata de "una campaña orquestada para desprestigiar a la Corte Suprema y el presidente le está caminando a eso".
En diálogo con BBC Mundo, el ex ministro Jaime Castro señala que "el presidente decidió politizar un tema judicial, porque eso le mejora su rating en las encuestas".
En cambio, el consejero presidencial José Obdulio Gaviria declaró a BBC Mundo que se trata de dilucidar "si hay un paramilitar que miente, un presidente que está actuando en contra de la ley o maniobras de un investigador de la Corte".
Según Gaviria, la reacción del presidente no tiene nada que ver con la situación judicial de su primo. "La defensa de Mario Uribe es de él, la del honor del presidente es de toda Colombia, porque sus problemas son de todo el país", dijo.
Otro analista consultado por BBC Mundo, el columnista Ramiro Bejarano, del semanario El Espectador, calificó la actitud de Uribe frente a la Corte como "abusiva" y dijo que todo se debe a la situación judicial de su primo, Mario Uribe, quien está llamado a rendir indagatoria por supuestos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Bejarano cree que la posición adoptada por el presidente terminará debilitando a la Corte Suprema de Justicia.
Mientras tanto, a pesar de las tensiones, o coincidiendo con ellas, el Partido de la U, uno de los que hacen parte de la coalición del gobierno en el Congreso, anunció que promoverá un referendo ciudadano que permitiría una segunda reelección de Uribe en el 2010.