La batalla central de Correa

Carlos Chirinos Enviado especial a Ecuador

"Refundar la República" fue la promesa electoral y ha sido el centro de la gestión del presidente de Ecuador, Rafael Correa.

Correa ha prometido renunciar si su Proyecto País no gana la mayoría de los asientos de la asamblea.

Desde que asumió el poder el 15 de enero, Correa puso en marcha los mecanismos para lograr ese objetivo mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución para sustituir a la de 1988.

Por ese camino se ha enfrentado a instituciones como el Congreso -en el que su partido no tenía representación, pero al que logró neutralizar con ayuda de otros poderes- y a importantes medios de comunicación, con quienes no ha tenido relaciones muy armónicas algunas veces.

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El proyecto del mandatario ha resultado victorioso y fortalecido, a juzgar por los resultados del referendo de abril, que dio un 80% de apoyo a la convocatoria a la Asamblea, pese a que especialistas dijeron que la manera de llegar a la figura no estaba contemplada en la ley.

¿Y ahora?

A juzgar por lo que dicen las encuestas vienen nuevas victorias para Proyecto País, la plataforma política del presidente Correa, que parece encaminada a convertirse en la fuerza dominante de la constituyente.

Así que no parece que vaya a cumplirse la amenaza-promesa de Correa de renunciar si dominan el cuerpo eso que llama la "partidocracia", los partidos tradicionales a los que culpa de los problemas ecuatorianos.

Los partidarios de Rafael Correa favorecen la disolución del Congreso.

Es claro que esos partidos, que tienen arraigo según las regiones del país, tendrán su cuota de participación, con seguridad en minoría.

La Constituyente tendrá plenos poderes. Correa ha planteado que entre sus primeras medidas disuelva al Congreso y establezca una comisión legislativa.

Por eso es posible que la primera batalla se escenifique una vez más en el parlamento, un cuerpo que fue elegido en octubre de 2006 y que sus integrantes definen "tan legítimo" como la presidencia.

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Venezuela o Bolivia

Ante la inminente instalación de la Asamblea y a la espera de la distribución de fuerzas, muchos se preguntan cómo irá a trabajar la Consituyente, como la experiencia venezolana de 1999 o la boliviana.

En Venezuela, la Constituyente aprobó el proyecto de Carta Magna sin que la escasa representación opositora pudiera hacer nada para moderar el proyecto del presidente Hugo Chávez -y que por estos días propone reformarla.

En Bolivia, en cambio, la promesa del presidente Evo Morales de "refundar" al país mediante una Constituyente no ha podido concretarse, pues tras 13 meses de trabajo la Asamblea no ha logrado ponerse de acuerdo para aprobar ni un artículo.

La Constituyente boliviana ha tenido que extender su plazo de trabajo hasta diciembre. La polarizada política doméstica, como las aspiraciones autonómicas de las regiones del país, ha afectado su agenda.

Agenda básica

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, es uno de los principales aliados de Rafael Correa.

En el caso ecuatoriano parece haber un consenso básico en torno a la necesidad de "despartidizar" las instituciones para hacerlas más efectivas, pero hay serias diferencias en algunos puntos, como el equilibro entre las regiones y el poder central o la definición de la vocación económica del país.

Mientras unos favorecen la desregulación y la vocación liberal de la economía, Correa y sus aliados de la izquierda quieren usar la Constitución para sentar las bases de lo que llaman en "socialismo del siglo XXI", frase acuñada por el presidente venezolano Hugo Chávez, hombre políticamente cercano a Correa.

Por eso algunos advierten que la dinámica de la Asamblea puede complicar el trabajo del mismo cuerpo y en alguna medida la gestión gubernamental.

Coinciden en que en la medida que el proyecto de Correa avance sin demasiada oposición en la Asamblea, lo política no tendrá influencia en la actividad económica.

Pero en situaciones extremas el presidente Correa podría ejercer ese estilo frontal que le ha valido la calificación de autoritario. Los otros podrán echar mano del "anticorreismo" más furibundo. Y allí el diálogo quedaría trancado, como ya ocurrido en el pasado reciente.