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Sábado, 25 de agosto de 2007 - 02:47 GMT
Gobierno boliviano acusa a críticos
Mery Vaca
Mery Vaca
La Paz

El gobierno de Bolivia reaccionó airadamente a una serie de protestas convocadas por la oposición tras la suspensión de la Asamblea Constituyente y un aumento de la confrontación con las regiones que exigen mayor autonomía.

Trifulca en Cámara de Diputados de Bolivia el 22 de agosto de 2007
El conflicto político se agudizó dentro y fuera del Congreso.
"Aprovechando la demanda de capital, están generando otro tipo de movimientos, y hay que decirlo: están generando un movimiento abiertamente político que busca desestabilizar este proceso de cambios", dijo el ministro de Gobierno, Alfredo Rada.

En Bolivia se articula un bloque opositor al gobierno de Evo Morales con la organización de protestas "en defensa de la democracia".

La situación se complica cada día que pasa y no se vislumbran soluciones al conflicto, excepto por un diálogo impulsado por el defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, que, sin embargo, no aborda los problemas de fondo.

Además del anunciado paro cívico en seis de las nueve regiones del país para el martes 28, el Poder Judicial decidió paralizar actividades el jueves 30 y viernes 31 en todo el país.

Cuatro magistrados

Los comités cívicos rechazan lo que consideran "política de imposición" de Morales y los jueces se oponen al enjuiciamiento a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, decidido por la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados.

Protesta en Santa Cruz
Los reclamos de regiones como Santa Cruz forman parte de la pugna interna.
El presidente de la Asociación de Magistrados de Bolivia, Juan Pereira, considera que el enjuiciamiento a los magistrados es una muestra de intromisión del Ejecutivo en los demás poderes del Estado, que busca el debilitamiento del Poder Judicial, según un boletín de la institución que agrupa a los jueces del país.

"Uno se pregunta por qué quieren detener la Asamblea Constituyente, porque las decisiones que han tomado en los últimos meses van a afectar los intereses de los grupos de poder", agregó el funcionario.

El problema de fondo en Bolivia radica en la confrontación de dos visiones de país: la de Evo Morales, que es de izquierda y de corte indigenista; y la conservadora, que agrupa a los comités cívicos, partidos de oposición, empresarios y, ahora también, al Poder Judicial.

Los temas de mayor divergencia tienen que ver con las autonomías, la reelección indefinida del presidente, el traslado de la sede de los poderes de La Paz a Sucre y el reconocimiento de los pueblos indígenas como naciones.

Asamblea Constituyente

Esos y otros temas eran tratados en la Asamblea Constituyente, que quedó suspendida indefinidamente por las constantes protestas en Sucre y de los opositores que exigen el traslado de los poderes de La Paz a esa capital.

Bandera boliviana frente al congreso.
La discusión de una nueva constitución fue suspendida indefinidamente.
Pero no son los únicos temas que generan tensión. Hay otros que tienen que ver con la acción directa del Poder Ejecutivo, por ejemplo, el enjuiciamiento a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, la redistribución de tierras en favor de los indígenas y la fuerte influencia que ejerce Venezuela sobre Evo Morales.

En ese contexto, el defensor del Pueblo inició contactos en Sucre para acercar las posiciones y de esa manera garantizar que la próxima semana no se produzcan enfrentamientos. Sin embargo, estas gestiones no han dado frutos hasta el momento.

Para los demás temas estructurales, varios líderes políticos y analistas piden que el presidente Evo Morales convoque a una gran concertación nacional para sacar al país de la crisis.

El analista político y también constituyente, Jorge Lazarte, en entrevista con BBC Mundo, sugirió que Evo Morales, en su calidad de jefe de Estado, "asuma su responsabilidad y proponga algo para que la Asamblea Constituyente inicie una concertación con las fuerzas políticas y sociales".

Según su criterio, luego de esa concertación se debería convocar a un receso de la Constituyente para lograr acuerdos en los temas estructurales del país, para volver al foro y aprobar la nueva Constitución Política del Estado.

Lazarte alerta que "las salidas positivas se están cerrando cada vez más y se están abriendo las salidas negativas", lo que significa que el país se encamina al uso de la fuerza.



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