El incidente del maletín ocurrió poco antes de la visita oficial de Chávez.
|
El caso del venezolano que ingresó en Argentina unos US$790.000 sin declarar, y que ya le costó el puesto a un funcionario argentino, sigue remeciendo ambos extremos de Suramérica.
En Argentina, la jueza a cargo de la investigación dio un paso al costado este viernes debido a las críticas que ha despertado el manejo del caso.
Entre las quejas se destaca el hecho de que no se tomaron medidas para evitar que el empresario venezolano saliera del país.
Por su parte, el jefe del Gabinete de Argentina, Alberto Fernández, negó la existencia de una "diplomacia paralela", con Venezuela, luego de que se supo que el empresario en cuestión, Guido Alejandro Antonini Wilson, visitó Buenos Aires 11 veces en el último año.
Entretanto, en Venezuela, PDVSA, la petrolera a la que pertenecen cuatro de los ocupantes del avión en el que llegó el polémico maletín, anunció que investigará el caso, mientras que el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional sugirió que los empleados "deben ser botados".
Sucedió un sábado
Uberti y otros dos funcionarios llegaron el sábado a Argentina, junto a cuatro venezolanos.
|
Cuatro directivos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el ciudadano venezolano Antonini Wilson, llegaron el sábado pasado a Buenos Aires a bordo de un avión privado procedente de Caracas.
En la misma aeronave viajaba Claudio Uberti, funcionario del gobierno del presidente Ernesto Kirchner a cargo de la dirección del Órgano de Control de Concesiones Viales, quien manejaba millonarias negociaciones comerciales con Venezuela, desde convenios con PDVSA hasta la venta de maquinaria agrícola.
Además, en el avión viajaban otros dos funcionarios de la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa).
Al llegar, los agentes aduaneros argentinos le incautaron a Antonini Wilson más de US$790.000 que no había declarado al ingresar al país.
El caso desató un escándalo y el jueves el gobierno del presidente Néstor Kirchner despidió a Uberti, por presuntamente permitir que el empresario venezolano abordara el vuelo rentado por Enarsa.
PDVSA investigará
Entretanto, en Caracas, el presidente de PDVSA, el también ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, dijo que se trataba de "un incidente lamentable. Entendemos que la administración argentina está actuando y está desarrollando un proceso de acuerdo a su investigación".
 |
(Los empleados de PDVSA) no tienen porqué andar con un delincuente (...) Si ellos están implicados en el hecho tienen que ser botados, y presos también
|
"Nosotros tenemos pendiente abrir un proceso de investigación sobre la presencia del funcionario de PDVSA en este incidente y determinar las circunstancias en las que eso se produjo".
El ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, también considera necesario investigar el caso con el que, según él, se trató de "desacreditar al gobierno nacional".
El ministro Cabezas reconoció que "no es común que alguien se lleve US$800.000".
Más enfático fue Roberto Hernández, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional -el parlamento venezolano- al afirmar que los funcionarios de PDVSA
"no tienen porqué andar con un delincuente (...) Si ellos están implicados en el hecho tienen que ser botados, y presos también", dijo Hernández.
Sin embargo, Hernández reconoció que podrían haber "sido engañados (...) que los hayan utilizado a ellos sencillamente para hacer ver que existe la complicidad de una empresa como PDVSA".
¿Estupidez?
En general los voceros oficiales consideran que los medios de comunicación han tratado de vincular el escándalo al presidente Hugo Chávez, quien el lunes emprendió una gira suramericana.
 |
Nosotros tenemos pendiente abrir un proceso de investigación sobre la presencia del funcionario de PDVSA en este incidente y determinar las circunstancias en las que eso se produjo
|
Pero sus posiciones distan mucho de la asumida el jueves por el vicepresidente, Jorge Rodríguez, quien desechó el caso como una "estupidez" y una "imbecilidad" que busca generar un "pote de humo" para manchar la política exterior de Chávez.
La fiscalía general venezolana dice que esperará las conclusiones de las justicia argentina para determinar si se cometió algún delito en Venezuela, mientras que el Servicio de Aduanas y Tributos anunció una investigación.
Algunos analistas consideran que de entrada se violó la ley que rige el control de cambios, porque el portador del dinero habría estado en la obligación de notificar esa cantidad al salir del país.
Además, muchos se preguntan cómo pasó ese maletín por los controles sin que la policía aeropuertuaria venezolana se interesara por el contenido.
Debido al control de cambios que rige desde 2002 un ciudadano venezolano común sólo puede gastar US$5.000 anuales usando sus tarjetas de crédito y recibe unos US$400 en efectivo para gastos de viaje menores.