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Sábado, 2 de junio de 2007 - 20:38 GMT
RCTV: el turno del gobierno
Carlos Chirinos
Carlos Chirinos
BBC Mundo, Caracas

Manifestación pro-gubernamental en Caracas, 2 de junio 2007
Aquel que se atreva a levantar la voz en el escenario internacional en contra de Venezuela (...) tendrá una respuesta contundente, porque Venezuela se respeta.
Nicolás Maduro, canciller de Venezuela
Tras una semana de protestas estudiantiles en Venezuela, el oficialismo marcha en respaldo al presidente Hugo Chávez

El gobierno convocó a una "Megamarcha" en Caracas para respaldar la decisión del mandatario venezolano de no renovarle la concesión al canal privado Radio Caracas Televisión.

La "Megamarcha " convergió en la explanada de la avenida Bolívar, en el centro de la ciudad, el lugar tradicional de los actos políticos de masas del presidente Chávez.

Decenas de miles de personas vestidas con indumentarias rojas se han hecho presentes en la marcha.

Se espera que Chávez ofrezca un discurso a sus seguidores, quienes han estado llegando de diferentes partes del país para participar en la concentración.

En una semana llena de múltiples manifestaciones y concentraciones en Caracas y otras ciudades a favor de RCTV, cuya señal salió del aire el domingo pasado, esta es la segunda manifestación de quienes respaldan al gobierno.

La primera fue una marcha de estudiantes hasta el Palacio presidencial de Miraflores en el centro de la capital venezolana, donde fueron recibidos por el vicepresidente Jorge Rodríguez.

El gobierno asegura que la súbita movilización estudiantil registrada la semana pasada es parte de un supuesto complot internacional para desestabilizar al país. Y acusa a factores políticos y empresariales de estar "manipulando" a los universitarios.

¿RCTV en la OEA?

Ante la ola de reacciones internacionales, mayoritariamente en contra de la decisión de retirarle la concensión a RCTV, algunos esperan que el caso se ventile en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que empieza el domingo en Panamá.

Aunque el tema no está en la agenda de la reunión, algunos analistas creen que será inevitable mencionarlo, dado el revuelo internacional que ha generado la medida que sacó a RCTV del aire después de 53 años de operaciones.

Pero el canciller venezolano Nicolás Maduro previno a quienes "intenten dictarle pautas" a su país.

"Aquel que se atreva a levantar la voz en el escenario internacional en contra de Venezuela (...) tendrá una respuesta contundente, porque Venezuela se respeta", advirtió Maduro en declaraciones a la estatal Venezolana de Televisión.

Protestas continuarán

En cuanto a los grupos estudiantiles que han venido manifestándose a favor de RCTV, han anunciado nuevas acciones a partir del lunes, con una marcha hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia.

Simpatizantes oficialistas el 1 de junio de 2007
El gobierno advirtió a "quienes intenten dictarle pautas" a su país.
El viernes los estudiantes no pudieron marchar hasta la Asamblea Nacional, en el centro de Caracas, porque las autoridades no les concedieron el permiso para hacerlo.

Tras varias horas de tensión en la Universidad Católica Andrés Bello, en el oeste de la ciudad, la policía levantó el cerco en el que mantuvieron a los estudiantes y estos pudieron caminar hasta la cercana Conferencia Episcopal Venezolana.

Allí se reunieron con una delegación parlamentaria que recibió un documento con sus peticiones, entre ellas un derecho de palabra ante la Asamblea para la semana que viene y el respeto al derecho a la libre expresión y a la protesta.

Grupos de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional, han expresado "preocupación" por lo que consideran el exceso con el que la policía ha controlado las manifestaciones juveniles usando gases lacrimógenos y balas de goma.

Según cifras oficiales, unos 182 manifestantes han sido detenidos, más de la mitad menores de edad. De acuerdo con el gobierno han sido detenidos en acciones violentas o vandálicas, y no por manifestarse.

Aunque con cierto retraso, según las ONG, han sido liberados, mientras que 56 tienen medidas cautelares que les impide reunirse o contactar a sus compañeros, por lo que defensores de los derechos humanos hablan de la "criminalización de la protesta".



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