Unas declaraciones del ex jefe paramilitar de Colombia, Salvatore Mancuso, han puesto en tela de juicio la llamada política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe.
Rindiendo testimonio en el Palacio de Justicia en Medellín como parte del proceso de Justicia y Paz que facilita la desmovilización de los paramilitares, Mancuso dijo que se había reunido con el vicepresidente Francisco Santos antes de que este asumiera el cargo y aseguró que el paramilitarismo era una política de Estado en el país.
Los primeros análisis intentan calibrar el impacto que pueden tener estas declaraciones. Para conocer la opinión del gobierno BBC Enfoque conversó con Carlos Holguín Sardi, ministro del Interior y Justicia colombiano.
¿Cómo reacciona el gobierno a las declaraciones de Mancuso?
El gobierno respeta con todo interés y el mayor cuidado las opiniones y las informaciones que los jefes de la Autodefensa vienen entregando a la justicia en cumplimiento de la Ley de Justicia y Paz en donde, a base de decir la verdad, y con esa condición, ellos obtienen una pena alternativa más favorable que la pena común.
No es nada extraordinario porque se conocía, aun cuando no había confirmación, de la posible vinculación de esos grupos alzados en armas, por fuera de la ley, con distintos organismos del Estado.
O sea ¿usted acepta que el paramilitarismo era una política de Estado?
No, eso no era una política de Estado. Nunca fue una política de Estado, pero hubo unos miembros de organismos militares que prestaron colaboración a estos grupos paramilitares.
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No es nada extraordinario porque se conocía, aun cuando no había confirmación, de la posible vinculación de esos grupos alzados en armas, por fuera de la ley, con distintos organismos del Estado
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En algunas zonas se suponía que podía haber esa colaboración entre oficiales del ejército, de la policía, y esos grupos alzados en armas.
Usted decía que trataba con respeto declaraciones de personas como el señor Mancuso. Pero sus declaraciones que implican a altas figuras gubernamentales ¿no es algo de lo que el gobierno debería sentirse avergonzado?
Hay que ver si efectivamente fue cierto que el actual vicepresidente promovió y montó el grupo paramilitar con el cual pretende vincularlo Mancuso.
Entre otras cosas, ese grupo si existió no tuvo mayor vigencia y no actuó con la beligerancia y con la decisión con que operaron otros grupos u otros bloques en otras zonas del país.
¿Cómo cree usted que la comunidad internacional, especialmente la Unión Europea o el Congreso estadounidense -dos escenarios a los que Bogotá acude con frecuencia para pedir apoyo al llamado Plan Colombia y a las políticas del presidente Álvaro Uribe- van a reaccionar frente a las declaraciones de Mancuso?
Esperamos que con mucha comprensión y con mucho compromiso y colaboración con Colombia porque esto que se está revelando no ocurrió en este gobierno.
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Habrá que oír a los implicados. Habrá que confrontar esas manifestaciones. Tendrán que ser evaluados por la justicia. Habrá que ver las circunstancias de tiempo, modo, lugar en que esos hechos ocurrieron
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Fueron hechos que ocurrieron principalmente entre los años 1985 y 2002 aproximadamente.
El gobierno del presidente Uribe se siente orgulloso, no solamente por haber desmantelado y desmovilizado un ejército de 30.000 hombres sin haberlo derrotado, y por tener ahora a sus principales comandantes en un juicio en donde tienen que confesar todos y cada uno de los delitos que cometieron y todas y cada una de las acciones que realizaron.
¿Así eso vaya a involucrar a miembros del gobierno?
Claro, con mayor razón. Esa es una característica que sirve de orgullo y de sustento al proceso.
Habrá que oír a los implicados. Habrá que confrontar esas manifestaciones.
Las declaraciones de Mancuso generaron un terremoto político en Colombia.
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Tendrán que ser evaluados por la justicia. Habrá que ver las circunstancias de tiempo, modo, lugar en que esos hechos ocurrieron.
Entonces así se sabrá a qué grado de involucramiento llegaron esas personas y si cometieron delitos o si solamente tuvieron una relación en algunos casos casual; en unos casos, en ejercicio de la profesión de periodista; en otros casos, cumpliendo misiones humanitarias, o simplemente haciendo pactos con el paramilitarismo.
Lo entiendo, pero recuerde a la ex canciller, María Consuelo Araújo. Una hoja de vida intachable; el presidente Uribe la defendió extensivamente tras pedidos de su dimisión porque dos de sus familiares estaban siendo investigados por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Ella no fue acusada de nada pero era la cara de su país en el exterior, su presencia en el gobierno era insostenible y como sabemos renunció.
¿No debe pasar lo mismo en esta ocasión? ¿No teme usted las consecuencias de ver el nombre del vicepresidente de Colombia, en el exterior, marcado por esas declaraciones?
Sí, es una preocupación, por eso le pido a la comunidad internacional que no crea todo lo que dice un hombre como Mancuso, en una deplorable condición, para usar un término benévolo.
Pero usted dijo al principio de esta entrevista que los procesados iban a decir la verdad.
No me corresponde a mí calificarlo hasta que no terminen las investigaciones y no se pronuncien los jefes.
En atención al debido proceso no se debe condenar a esas personas hasta no sean escuchadas y que no se confronten los testimonios de Mancuso.
Eso es lo que ocurre en todo juicio en un país civilizado. Estamos seguros de que en Europa, en Estados Unidos y en los países mas desarrollados con mayor tradición jurídica, sabrán comprender que a ellos hay que darles el beneficio de la presunción de la inocencia y oírlos en el debido proceso.
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