Muchos desplazados por la violencia abandonaron todo lo que tenían y siguen con las manos vacías.
Los criterios en materia de reparación integral a las víctimas del conflicto armado colombiano fueron presentadas este lunes e inmediatamente provocaron críticas entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
Se trata de un documento de recomendaciones preparado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), que fue entregado a los jueces encargados de aplicar la ley de Justicia y Paz, la cual concede rebajas sustanciales de penas a los autores de crímenes atroces y es el marco legal para la desmovilización de los grupos paramilitares.
Esas rebajas, sin embargo, están supeditadas a que los beneficiados reparen integralmente a sus víctimas, confiesen toda la verdad y no reincidan en sus actividades criminales.
Según el presidente de la CNRR, es la primera vez en la historia que se intenta una reparación así.
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Hasta el momento, casi 3.000 paramilitares de derecha se han acogido a esa ley, expedida a mediados de 2005, pero ninguno de ellos ha sido condenado. Tampoco se han producido reparaciones significativas a las víctimas.
Al presentar los criterios de reparación, el presidente de la CNRR, Eduardo Pizarro Leóngómez, expresó que, a diferencia de otros países, el modelo colombiano de reparación se hará con los bienes de los responsables de crímenes atroces y, subsidiariamente, con aportes del Estado.
"Es la primera vez en la historia que los victimarios se ven obligados a reparar a las víctimas con sus propios bienes. Ni el general Pinochet en Chile, ni el almirante Massera en Argentina pusieron a disposición del Estado sus bienes para llevar a cabo esta política", dijo Pizarro Leóngómez.
Búsqueda de bienes
Pero el procurador general de la Nación, Edgardo Maya, advirtió en el mismo acto que los desmovilizados de los grupos paramilitares tienen "la enorme responsabilidad" de entregar sus bienes "lícitos e ilícitos que posean a nombre propio y a nombre de terceros", para que con ellos se proceda a la reparación material de las víctimas.
Un vocero de los grupos defensores de derechos humanos, Carlos Rodríguez, subdirector de la Comisión Colombiana de Juristas, le dijo a la BBC que muchos se han quedado sorprendidos al ver que "los jefes paramilitares entregan cinco fincas, cuando uno sabe que han tenido gran cantidad de bienes".
Por esa razón, Rodríguez le pidió al Estado que ponga en marcha un programa "muy serio" de búsqueda de bienes, pues, de lo contrario, "se va a frustrar la posibilidad de reparación".
En diálogo con la BBC, Jorge Rojas, director de la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), declaró que subsisten muchas dudas sobre la participación de los desplazados forzados como víctimas dentro de la ley de justicia y paz.
"No se ha definido en qué momento el desplazado es considerado víctima para la CNRR", se quejó.
Y agregó que su organización teme que el Estado colombiano quiera hacer aparecer como reparación las medidas que otras leyes le ordenan adoptar a favor de los desplazados.
Sólo algunos desplazados
Pizarro le expresó a la BBC que es diferente la situación de los desplazados que no sufrieron ningún tipo de violencia con la de aquéllos que fueron víctimas de crímenes como homicidios a familiares, torturas y otros desmanes.
"Hay víctimas de desplazamiento forzado que sufrieron asesinatos, masacres, violaciones. Evidentemente, el simple desplazado sufrió un dolor y un daño menor que quien sufrió formas adicionales (de violencia)", añadió.
Rojas cuestionó que no aún no se ha definido en qué momento el desplazado es considerado víctima.
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En Colombia, hay entre dos y tres millones de desplazados por el conflicto armado, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El director de la CNRR también declaró a la BBC que, en materia de reparaciones colectivas, se está haciendo un programa piloto y que la extensión de esas políticas a otras víctimas depende de la ayuda que dé la comunidad internacional.
Al evaluar el documento entregado a los jueces, el abogado Camilo Bernal, profesor de derecho de la Universidad Nacional de Colombia, le expresó a la BBC que la gran pregunta que sigue sin resolverse en el país es "quién va a responder por el resto de las víctimas del conflicto, a las cuales no se les ha colocado del todo la atención".
Esas víctimas son las de los grupos guerrilleros de izquierda, responsables de miles de secuestros, asesinatos y otras atrocidades.
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Ni el general Pinochet en Chile, ni el almirante Massera en Argentina pusieron a disposición del Estado sus bienes para llevar a cabo esta política
