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Miércoles, 25 de abril de 2007 - 23:29 GMT
CIDH demanda a Venezuela
Carlos Chirinos
Carlos Chirinos
BBC Mundo, Caracas

Protesta contra cese de concesión a RCTV
Caracas lo llama "canal golpista". RCTV dice que el gobierno le está "cobrando" su "independencia".
La Corte Interamericana de Derechos Humanos analizará el caso de Radio Caracas Televisión, la televisora privada cuyo futuro depende de una decisión del gobierno de Venezuela.

En la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estado Americanos, (CIDH), los derechos de los trabajadores de Radio Caracas Televisión se verán vulnerados si se concreta el anuncio del presidente Hugo Chávez de retirarle la concesión para operar.

Por eso la Comisión anunció que presentó una demanda contra el estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que funciona en Costa Rica.

El próximo 27 de mayo RCTV cesará sus transmisiones en señal abierta, una vez que el gobierno venezolano le retire la concesión que tiene desde hace más de 50 años, con lo que más de 4.000 trabajadores de la planta podrían perder sus empleos.

RCTV es la televisora privada más antigua de Venezuela y una de las de mayor audiencia. También es uno de los medios cuya línea editorial es crítica del gobierno del presidente Chávez.

Los directivos del canal y grupos de periodistas aseguran que el gobierno les está "cobrando" su "independencia editorial".

"Canal golpista"

En diciembre pasado, durante un evento militar, el presidente Chávez anunció el fin de la concesión a RCTV con el argumento de que era un canal "golpista", que habría promovido su breve salida del poder en abril de 2002.

El estado venezolano estaría en la obligación de cumplir con cualquier mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un incumplimiento de cualquier decisión de la Corte colocaría al estado al margen del sistema interamericano
Jorge París, abogado de RCTV

Posteriormente el gobierno ha justificado la medida asegurando que RCTV habría incurrido en excesos y violado la ley de telecomunicaciones, aunque no hay ninguna acusación contra la televisora en tribunales nacionales.

Por esta razón la CIDH considera que se estarían violando las garantías judiciales y la protección judicial, además del derecho a la libertad de expresión.

"La comisión se convierte de esta manera en una especie de fiscalía,(¿) en una forma de acusador del estado venezolano", explicó a BBC Mundo Jorge París, abogado del equipo legal de RCTV.

"El estado venezolano estaría en la obligación de cumplir con cualquier mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un incumplimiento de cualquier decisión de la Corte colocaría al estado al margen del sistema interamericano".

París reconoce que una eventual condena al estado venezolano en la CIDH no evitaría que le sea retirada la concesión al canal pero demostraría "un patrón de ataques sistemáticos contra RCTV que le ha hecho difícil ejercer su labor en Venezuela".

Conspiración internacional

El martes el presidente Chávez aseguró que "no habrá presión internacional" que le lleve a cambiar su decisión.

Está clarito; se acabó una concesión y el Estado, que es el dueño, se reserva la decisión de entregársela bajo otra figura a otros sectores
Hugo Chávez, presidente de Venezuela

"Los que andan pensando que van a presionarme con instituciones internacionales (...) con otros gobiernos, con marchas (¿) Está clarito; se acabó una concesión y el Estado, que es el dueño, se reserva la decisión de entregársela bajo otra figura a otros sectores".

En palabras de Chávez, "el 27 de mayo le vamos a dar otra derrota al imperio y a todas las burguesías de este continente, porque el 27 de mayo (...) termina la concesión a la televisora RCTV y no se va a renovar, no se va a renovar, ¡qué más quieren que les digan!".

El gobierno venezolano asegura que quiere usar la señal del canal 2 de VHF, que actualmente usa RCTV, para poner al aire una televisora de función pública, al estilo de algunos medios europeos.

El caso RCTV se ha "calentado" lógicamente al entrar en el mes final para que se cumpla la medida gubernamental, aunque voceros oficiales venezolanos aseguran que se trata de una "campaña de desprestigio" de la prensa internacional.

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