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Miércoles, 4 de abril de 2007 - 14:37 GMT
Colombia: ordenan detener alcaldes
Firma de documento
Los alcaldes dicen que firmaron bajo presión.

La Fiscalía General de Colombia ordenó la detención de seis alcaldes del departamento de Casanare acusados de "concierto para delinquir" por firmar un acuerdo con paramilitares de su región para entregarles parte del presupuesto.

Aleyder Castañeda, alcalde del municipios de Monterrey; Jorge Eliécer López, de Tauramena; Raúl Cabrera, de Villa Nueva; Henry Montes, de Maní; Mauricio Chaparro, de Sabana Larga y Leonel Torres, de Aguazul, deben ser destituidos de sus cargos para proceder a detenerlos, aseguró el vicefiscal Guillermo Mendoza.

Los paramilitares firmaron un pacto de 14 puntos con los alcaldes, en el que éstos se comprometían entre otras cosas a otorgar "manejo por parte de la organización ACC (Autodefensas Campesinas del Casanare) del 50% del presupuesto municipal" y "aportes del 10% de cuota de toda contratación".

Los seis municipios pertenecen al departamento de Casanare, rico en petróleo, y reciben recursos millonarios procedentes de las regalías de explotación del crudo.

Según el diario colombiano El Tiempo, tres de los municipios recibieron más de US$40 millones en regalías durante 2006.

Los alcaldes han insistido en que fueron secuestrados y forzados a firmar el documento. La Fiscalía dijo que el único alcalde que no firmó el pacto fue Torres, de Aguazul, porque parece que es "miembro activo de la organización".

La "parapolítica"

Paramilitares colombianos
El proceso de desmovilización de los paramilitares ha tenido altibajos.

En Colombia se vive desde hace unos meses un escándalo conocido como "parapolítica", en el que reconocidos políticos y funcionarios públicos están bajo investigación por sus nexos con grupos paramilitares de derecha.

Ocho congresistas que apoyan al presidente Álvaro Uribe y un gobernador están bajo arresto como consecuencia de la investigación.

El gobierno de Uribe inició a mediados de 2003 un proceso de desmovilización de los grupos paramilitares que, según, cifras gubernamentales, ha logrado que 31.000 combatientes depongan sus armas.

Sin embargo, el proceso no ha estado exento de críticas, debido a acusaciones de que ha estado infiltrado por el narcotráfico y de que antiguos miembros de los paramilitares siguen delinquiendo por fuera de la organización.

Por su parte, el gobierno dijo que apoya a la justicia y que no teme que los ex jefes paramilitares revelen los nombres de los políticos, empresarios y militares que los apoyaban.

"Este es un gobierno con legitimidad que puede llegar hasta el fondo como la nación entera lo requiere. Estamos muy conscientes del camino que estamos siguiendo y muy confiados de que de este proceso saldrá fortalecida la democracia", dijo el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo.

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