Se colocaron señales de advertencia en farmacias y hospitales.
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La procuraduría de Panamá admitió una querella penal contra el ministro de Salud, Camilo Alleyne, en relación con la muerte, en 2006, de 51 personas que habían consumido medicamentos contaminados.
La demanda, presentada por los familiares de las víctimas, también incluye al director de la Caja de Seguro Social, René Luciani, y a los demás miembros de su junta directiva.
El ministro de Salud rechazó las acusaciones de negligencia.
"Tengo mi conciencia tranquila, he hecho mi trabajo, no tengo ningún temor y me he notificado como dice la Ley", le dijo a la prensa.
La procuradora general, Ana Matilde Gómez, dijo en una conferencia de prensa que la demanda no significa que los funcionarios serán automáticamente separados de sus cargos.
"Para poder pedir la separación del cargo de un funcionario público, tiene que haber por lo menos méritos para indagar, y éste no es el caso", dijo.
Dietilenglicol
Gómez añadió que la admisión de la demanda "solamente es el vehículo procesal para que las personas que quieren entrar como víctimas al expediente, entren a la investigación y demuestren aquellos cargos que pretenden formular".
El presidente Torrijos anunció una reforma del sistema de salud pública del país.
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Otra funcionaria de la procuraduría, Kenia Porcell, destacó que "la admisión de la querella no significa que nosotros ya hayamos señalado un delito específico".
La mayoría de las víctimas eran ancianos que padecían de diabetes, hipertensión arterial y problemas renales.
El medicamento que ingirieron había sido fabricado por el Estado, pero estaba contaminado con dietilenglicol, una sustancia empleada para enfriar radiadores de vehículos.
A raíz de los fallecimientos, el presidente Martín Torrijos dijo que se introducirían cambios en el sistema de salud.
También ordenó que se cerrara el laboratorio a cargo de la fabricación de los fármacos.
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Tengo mi conciencia tranquila, he hecho mi trabajo, no tengo ningún temor y me he notificado como dice la Ley
