Han aumentado los pedidos de que se realice un intercambio humanitario con las FARC.
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La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, pidió que se realice una investigación "completa e imparcial" sobre la muerte de 11 ex diputados colombianos que estaban secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Arbour exigió que "los responsables sean llevados ante la justicia, de conformidad a las normas internacionales".
"Recordando que todas las partes del conflicto están sujetas a las leyes humanitarias y de derechos humanos internacionales relativas al tratamiento de civiles, la Alta Comisionada también pide la liberación inmediata de todos los rehenes en Colombia", dijo su oficina, en un comunicado.
Arbour también expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas "y al pueblo colombiano".
Las FARC confirmaron, en una carta a la viuda de una de las víctimas, que entregarán los cadáveres a los familiares.
¿Fuego cruzado?
El jueves, el gobierno de Colombia confirmó la muerte de los ex diputados regionales, pero negó que perdieran la vida durante una operación de rescate.
"La muerte de los secuestrados, sin bajas guerrilleras, sin soldados asesinados ni heridos, muestra que no hubo fuego cruzado", dijo el presidente, Álvaro Uribe, en una alocución radiotelevisada.
"Los terroristas de las FARC quieren ocultar el crimen de lesa humanidad que habrían perpetrado", añadió Uribe.
Las FARC, a través de dos comunicados, dijeron que los rehenes murieron en un operativo militar de rescate, sugiriendo la participación de militares, paramilitares y comandos extranjeros.
Intercambio humanitario
Desde Cali, donde fueron raptados los ex legisladores, Fabiola Perdomo, viuda de uno de ellos, acusó al gobierno y a las FARC por su "intransigencia" en la búsqueda de un acuerdo humanitario.
El presidente Uribe viajó a Cali para visitar a familiares de las víctimas.
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Fue precisamente a Perdomo a quien la guerrilla envió la carta confirmando que se entregarían los cadáveres.
Desde que se dio a conocer la noticia sobre la muerte de los rehenes, han aumentado los pedidos de que se realice un intercambio humanitario con las FARC, que todavía tiene en poder a por lo menos otros 45 secuestrados.
La noticia sobre la muerte de los ex diputados se dio a conocer después de que el gobierno liberara a más de un centenar de guerrilleros de las FARC, como un gesto unilateral en busca de un acuerdo humanitario.
Pero las FARC rechazaron la liberación de esos guerrilleros, incluidos Rodrigo Granda, conocido como el canciller del grupo, y siguieron exigiendo la desmilitarización de dos municipios para iniciar conversaciones sobre un posible acuerdo.
El gobierno se ha negado a la desmilitarización de zonas para discutir un intercambio y el presidente Uribe nunca ha descartado el rescate militar de secuestrados.