La Reforma Agraria fue una de las consignas de la campaña electoral de Morales.
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En Bolivia, el presidente Evo Morales firmó la "ley reconducción comunitaria de la reforma agraria", que habilita el reparto masivo de tierras "improductivas" en ese país andino.
La ley había sido sancionada poco antes por el Senado boliviano, en medio de marchas indígenas que presionaban por su aprobación.
La ley ha sido fuertemente criticada por productores agrícolas y empresarios, quienes también han realizado marchas en protesta.
La aprobación en la cámara alta se consiguió luego de que tres senadores opositores rompieran con la postura de sus bancadas y apoyaran el proyecto del gobierno, poniendo fin a la mayoría que desde hacía una semana venía utilizando la oposición para bloquear la sanción.
Horas antes de la aprobación de la ley, la BBC conversó sobre el tema con el jefe de la bancada del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados de Bolivia, diputado César Navarro.
¿Qué pretenden con la Ley de Tierras?
Primero lo que nosotros necesitamos es definir con precisión la propiedad de la tierra. Hasta el día de hoy, en diez años de reforma agraria, sólo se ha saneado el 18% de tierra, se ha gastado más de 100 millones de dólares y no se ha tocado el latifundio que es una concentración en pocas manos.
Lo que requerimos es que existan los derechos propietarios, respetando las inversiones privadas, pero impidiendo privilegios y sobre concentración de tierras.
¿Hay probabilidades de llegar a esta Ley de Tierras con un consenso?
Sí, hay todas las probabilidades del mundo. Lo que nos preocupa es que, en la Cámara de Senadores de la República de Bolivia, los que representan la derecha son fundamentalmente de Beni, Pando y Santa Cruz, ganaderos, agroindustriales o madereros, es decir gente que tiene interés económico latifundista y está defendiendo sus propios intereses más que defender los intereses de la patria.
Si hay posibilidades de un consenso ¿por qué el presidente Evo Morales ha señalado en varias ocasiones que en caso de no aprobarse esta ley de tierras por el Senado, la gente tendría que salir a la calle?
En el Senado está la parte más conservadora que no quiere cambios en el país. Lo que en la Cámara de Diputados se ha hecho es hacer un consenso mayoritario y buscar una transformación política del país.
Lamentablemente, los sectores que fueron derrotados política, electoral y moralmente tanto en octubre de 2003 como en las elecciones del año, hoy en día se aferran a las consignas partidarias y siguen defendiendo viejos esquemas y dogmas.
¿No es contradecir un modelo democrático que el mismo Presidente tenga que hacer un efecto de presión para que se le pase una ley de tierras que él está proponiendo?
No puede subordinarse ocho millones de habitantes al interés de diez familias. Esa es la diferencia cualitativa.
¿Cómo garantizarían que no pase el mismo estancamiento que experimentó Occidente con la reforma agraria de los 50 cuando la parte industrial prácticamente se estancó?
El primer paso es una distribución y dotación de tierras a comunidades indígenas originarias. El segundo paso es la incorporación de recursos desde el Estado a la actividad agrícola y tercero, el apoyo técnico.
Es un proyecto grande que nos permite en el corto y mediano plazo abastecer las demandas de consumo interno y competir en el mercado externo con los productos producidos por las comunidades campesinas originarias y microproductoras.
Precisamente, ¿por qué no llegar a un consenso con los industriales que ya tienen de cierta forma experiencia de cómo explotar la tierra y no simplemente dejarlos de lado y decirles que como son latifundistas no pueden participar en el proyecto?
Nosotros vamos a respetar las tierras que han sido legalmente saneadas y que están teniendo una muy buena utilización, eso es lo que llamamos la función económica y social.
Movilizaciones se produjeron en La Paz para impulsar la aprobación de la ley.
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Pero hay señores que fueron dotados de tierras (de más de 5.0000, 6.000 hectáreas), en épocas de dictadura y democracia, que no están siendo muy bien utilizadas. Estas tierras necesariamente tienen que pasar a propiedad del Estado. No vamos a afectar el derecho propietario, pero tampoco vamos a respetar los privilegios económicos y territoriales que gozaron algunos hacendados en la época de la dictadura y la democracia en el país.
Usted ha hablado de minorías, pero ¿un gobierno no tiene que lidiar con las minorías para hacer un modelo democrático?
Vamos a lidiar con las minorías pero no sólo tenemos que pensar en las minorías electorales, tenemos que pensar en las minorías étnicas y si no aprobamos una Ley de tierras, estamos confiscando ese derecho que tienen las minorías étnicas a tener propio territorio para desarrollarse.
Si jugamos al chantaje político de la minoría electoral que es Podemos vamos a aceptar una autonomía que beneficia a las elites de poder de Santa Cruz y Beni y no piensa en los grupos sociales que son una gran parte marginada de la población.
Muchos analistas internacionales dicen que Bolivia podría llegar a un caos porque hay una polarización tal que podría estancar cualquier proyecto que se logre.
No, de ninguna manera y le doy una cifra. En diciembre del año pasado, nosotros perdimos la primera fuerza política en Santa Cruz y Beni.
Pero, después de las políticas que estamos implementando con el presidente, en las elecciones para la Asamblea Constituyente nos constituimos en la primera fuerza electoral en Santa Cruz y Tarija. Entonces hay un sentimiento popular. El pueblo quiere defender la propiedad privada pero no va a defender el latifundio.
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El primer paso es una distribución y dotación de tierras a comunidades indígenas originarias. El segundo paso es la incorporación de recursos desde el Estado a la actividad agrícola y tercero, el apoyo técnico.
