Aunque su padre asegura haber pagado el rescate por Cecilia, los secuestradores nunca respondieron.
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La justicia paraguaya halló culpables a doce de los 15 acusados por el secuestro y asesinato de la hija del ex presidente Raúl Cubas.
Durante la lectura de la primera parte de la sentencia -que no incluye la imposición de penas- la presidenta del tribunal, Elsa García, señaló que "se da por probada la existencia de los hechos punibles de privación de libertad, secuestro, extorsión, extorsión agravada, homicidio doloso y asociación criminal".
Osmar Martínez, líder del partido de izquierda Patria Libre, fue señalado como cabecilla de la operación. Todos los demás acusados son también simpatizantes de esta fuerza política muy minoritaria en Paraguay.
Cecilia Cubas tenía 31 años cuando fue secuestrada el 21 de septiembre de 2004 y su cadáver fue hallado cinco meses más tarde enterrado en una vivienda en las afueras de Asunción, la capital de Paraguay.
Su padre, quien gobernó el país entre agosto de 1998 y marzo de 1999, había pagado un rescate de US$300.000, pero nunca recibió respuesta de los captores.
FARC acusadas
Los tres magistrados que componen el tribunal también consideraron comprobada la colaboración de la organización guerrillera colombiana Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el cautiverio de la joven y en las negociaciones del cobro del rescate.
Según la jueza García, "no existe la más mínima duda de que las FARC están involucradas con este grupo (de secuestradores)".
También afirmó que el plagio fue planificado en base a un manual de la guerrilla colombiana.
La absolución de tres de los acusados despertó las críticas de la familia Cubas. "Este fallo es lamentable y lo vamos a apelar", dijo el abogado querrellante, Enrique Baccheta.
Por su parte, la madre de Cecilia, Mirta Gusinsky, se manifestó "decepcionada, puesto que las pruebas han sido claras. No veo por qué el tribunal ha sido condescendiente al absolver a gente tan peligrosa para nuestra ciudadanía".
Los magistrados comunicarán a las partes este miércoles las penas que planean imponer a los acusados, que pueden ser apeladas antes de que se conviertan en definitivas.
Los culpables se exponen a sentencias de hasta 25 años de reclusión, con 10 años adicionales según la peligrosidad de los condenados.