El principal jefe paramilitar colombiano, Salvatore Mancuso, se convirtió en el primero de los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en declarar ante la justicia dentro del proceso de negociación que adelantan con el gobierno colombiano.
Ofrecemos a nuestros lectores información fundamental sobre el proceso de paz así como sobre el escándalo que se ha desatado en los últimos meses por los nexos de los paramilitares con la clase política colombiana.
¿Quiénes son los paramilitares y de qué están acusados?
Los voceros de las AUC anunciaron que las conversaciones están a punto de cesar
|
Los paramilitares son grupos armados de derecha que crecieron en los
años '80 para combatir a las guerrillas de izquierda en las zonas
rurales de Colombia. Su rápida expansión, que incluyó a las ciudades,
permitió que en 1997 se crearan las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), que aglutinó a los diferentes grupos paramilitares del país.
A medida que fueron creciendo, los paramilitares dejaron de ser una
fuerza defensiva y pasaron a ser un aparato ofensivo, responsable de
múltiples asesinatos, matanzas, torturas, desapariciones forzadas,
desplazamientos forzados, despojos de tierras, tráfico de drogas y
apropiación de recursos públicos.
¿De qué se financian los paramilitares?
Inicialmente, de los aportes voluntarios de ganaderos, agricultores y
empresarios. Luego, de las contribuciones obligatorias en sus zonas de
influencia.
Después, de las mafias de narcotraficantes que operan en
muchas áreas donde hacen presencia, con las cuales en muchos casos se
asociaron para producir y exportar drogas.
También se han nutrido de extorsiones, secuestros y recursos públicos en municipios y departamentos.
¿Qué proceso de negociación hay entre el gobierno y los paramilitares?
Después de llegar al poder, en agosto de 2002, el presidente Álvaro
Uribe anunció su intención de hacer un proceso con las AUC. Un año
después se inició una negociación formal con los
paramilitares, a quienes el Congreso les dio estatus político.
Las denuncias de la oposición no han hecho mella en la popularidad de Uribe.
|
Hasta el momento, unos 31.000 paramilitares se han desmovilizado y han
entregado 18.000 armas. Todos ellos reciben subsidios económicos y más
del 90% fue beneficiado por indultos del gobierno. Al mismo
tiempo, se denuncia el resurgimiento o "reciclaje" de esos grupos en
varias regiones.
Como los paramilitares son responsables de delitos de lesa humanidad
que no se pueden indultar, el gobierno promovió una ley conocida como
de Justicia y Paz, que rebaja a cinco y ocho años las penas para sus
responsables, algunos de los cuales ya habían sido condenados a más de
40 años de prisión.
Entre los beneficiarios de esa ley están todos los jefes de
las AUC, algunos de los cuales tienen órdenes de extradición por
tráfico de drogas, las cuales están suspendidas. Después de más de un
año y medio de expedida, la ley todavía no ha comenzado a aplicarse.
El acuerdo con el gobierno contemplaba la reclusión de los jefes
paramilitares en sitios especiales, no en cárceles. Sin embargo, a
principios de diciembre de 2006 los 59 jefes que estaban recluidos desde
agosto pasado en un centro vacacional fueron llevados a una prisión de
máxima seguridad.
El gobierno dice que tomó la decisión porque algunos
de los jefes paramilitares habrían ordenado crímenes desde el otro
sitio. El proceso entró en crisis y los paramilitares dijeron que se
había roto. El gobierno dijo que ahora todo está en manos del sistema
judicial y amenazó con extraditar a quienes se salgan del proceso.
¿Cuál es la relación de los paramilitares con los sectores políticos?
A medida que fueron creciendo militarmente, los paramilitares
adquirieron poder político y se convirtieron en fuerzas decisivas en
muchas regiones de Colombia.
De esa forma, pudieron ejercer control sobre gobiernos locales y regionales, ganaron elecciones y ejercieron influencia sobre legisladores municipales, departamentales y nacionales.
En 2002, uno de los principales líderes de las AUC, Salvatore Mancuso, dijo que los paramilitares controlaban más del 30% del Congreso de Colombia elegido ese año.
¿Cuándo se inició el escándalo de la 'parapolítica' y a quiénes ha involucrado?
Se inició en 2005 con los señalamientos en contra de Jorge Noguera,
entonces jefe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la
policía secreta colombiana, que depende directamente del Presidente de
la República. Contra Noguera, que dejó su cargo y fue brevemente
cónsul en Milán (Italia), actualmente hay en curso procesos penales en
la Fiscalía y disciplinarios en la Procuraduría General.
Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia decidió investigar a diez
congresistas de la coalición que apoya al presidente Álvaro Uribe.
Tres de ellos están hoy tras las rejas. La suerte de los otros siete,
entre ellos Álvaro Araujo, hermano de la Ministra de Relaciones Exteriores, se
conocerá en enero próximo.
Simultáneamente, la Fiscalía General de la Nación investiga y ha
encarcelado a ex congresistas, diputados departamentales y concejales
municipales por vínculos con los paramilitares. También anunció un
proceso contra el gobernador del Departamento del Magdalena, Trino
Luna.
¿Qué ha dicho el gobierno del presidente Uribe?
El presidente dice que respeta las decisiones del poder judicial y
sostiene que las responsabilidades penales son individuales, no
colectivas.
También ha pedido que se conozca toda la verdad, incluso
la de las relaciones de la clase política con la guerrilla de
izquierda.
¿Qué tanto ha afectado el escándalo al presidente?
Relativamente. Aunque la imagen de Uribe se ha deteriorado un poco, el
presidente sigue teniendo altos niveles de aprobación, de acuerdo con
las encuestas de opinión.
En un reciente debate que se le hizo en el Senado a la canciller, María Consuelo Araujo, por la investigación contra su hermano Álvaro, el congresista opositor Gustavo Petro criticó los vínculos políticos del presidente Uribe con
los políticos investigados, que hacen parte del 'uribismo'.
Petro dijo, por ejemplo, que en marzo pasado Uribe, cuando buscaba la
reelección, participó en un acto en un club de la ciudad de Sincelejo,
donde estuvo acompañado por varios dirigentes con sospechas de nexos
con los paramilitares, entre ellos la ex congresista Muriel Benito, el
senador Jairo Merlano y el ex gobernador Salvador Arana. Los dos
primeros están hoy tras las rejas y el tercero huye de las
autoridades.
¿Por qué se ha acusado a Uribe de tener vínculos con los paramilitares?
El traslado de cabecillas paramilitares a prisiones de máxima seguridad fue ruido en el diálogo.
|
A mediados de los años '90, el gobierno del presidente Ernesto Samper
autorizó la creación de unas compañías rurales y urbanas de seguridad,
integradas por civiles. Esas compañías se denominaron Convivir y se
concibieron como un instrumento para combatir a las guerrillas en las
zonas rurales.
Uno de los más entusiastas con el proyecto fue Uribe, quien para la época era gobernador del noroccidental departamento de Antioquia, donde había una difícil situación de seguridad.
En Antioquia se crearon varias Convivir y Uribe se enfrentó a sus
detractores. El proyecto fue muy criticado por las organizaciones de
derechos humanos y, finalmente, el gobierno nacional decidió
ilegalizar esas compañías. El paramilitarismo floreció en varias regiones, entre ellas Antioquia.
Salvatore Mancuso, quien es hoy el máximo jefe de las AUC, dirigía una Convivir, que se convirtió en un grupo paramilitar en el departamento de Córdoba, donde esas bandas armadas tuvieron amplia presencia.
En esa zona del país tiene una de sus fincas el presidente Uribe.
Sin embargo, Uribe, que llegó al poder prometiendo un país sin guerrillas y sin paramilitares, nunca ha sido procesado por cargos de paramilitarismo.
¿Qué relación han tenido los paramilitares con las Fuerzas Militares?
Las organizaciones de derechos humanos siempre han cuestionado a las
Fuerzas Militares por sus supuestos nexos con los paramilitares.
Las denuncias se han dirigido sobre todo contra personal del Ejército y de
la Armada Nacional. El gobierno ha respondido que se trata de casos
aislados y que en ningún momento es una relación sistemática.
Desde finales de los años '60 el gobierno colombiano autorizó la
creación de grupos de autodefensa campesina, bajo la supervisión de
las Fuerzas Militares.
Sin embargo, a finales de los años '80, cuando hubo muchas masacres y las relaciones de los paramilitares con los narcotraficantes eran evidentes, el presidente Virgilio Barco ilegalizó los grupos de autodefensa.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado
colombiano por acción y omisión de las Fuerzas Militares en tres
casos: una masacre de comerciantes en el Magdalena Medio, otra en
Mapiripán (Meta) y otra en Pueblo Bello. En todas ellas participaron
paramilitares.
En 1983, el entonces Procurador General reveló que de las 163 personas
sospechosas de pertenecer al grupo Muerte a Secuestradores (MAS), 59
eran militares. Ese grupo fue creado por narcotraficantes del Cartel
de Medellín y se dedicó a perseguir y matar a supuestos secuestradores
y dirigentes de izquierda.
Después, por el crimen del senador comunista Manuel Cepeda, ocurrido
en agosto de 1994, y atribuido a paramilitares, la justicia condenó a
dos suboficiales del Ejército. Un general que estaba siendo
investigado murió antes de que se produjera el fallo.
Posteriormente, a mediados de los años '90, el gobierno desmontó la
Brigada XX, de inteligencia del Ejército, por las reiteradas
acusaciones de vínculos de su personal con grupos paramilitares.
Envíe esta nota por e-mail
Imprima esta nota
