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Sábado, 16 de diciembre de 2006 - 00:21 GMT
Paramilitares: sigue el escándalo
Hernando Salazar
Hernando Salazar
Bogotá

Paramilitares
El gobierno colombiano confía en que la justicia esclarecerá la verdad sobre los paramilitares y sus crímenes.

La finalización de la indagatoria del ex jefe de la policía secreta, una nueva orden de detención contra Vicente Castaño y el inicio de las "versiones libres" por parte de autores de crímenes de lesa humanidad, son tres nuevos capítulos del escándalo por las relaciones de sectores políticos con paramilitares de derecha.

Jorge Noguera, quien dirigió el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante los primeros tres años del gobierno del presidente Álvaro Uribe, concluyó el jueves 13 horas de comparecencia ante un fiscal especial que lo investiga por vínculos con los grupos paramilitares de la costa norte del país.

La Fiscalía indaga si son ciertos los nexos de Noguera con esos grupos, como lo ha denunciado insistentemente Rafael García, el ex jefe de informática del DAS, quien hoy paga una condena.

García ha dicho que Noguera participó en el borrado de antecedentes penales de narcotraficantes y paramilitares en el DAS y en un supuesto fraude electoral en 2002, cuando actuaba como jefe de campaña del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe en el departamento de Magdalena .

Cuando terminó su indagatoria, Noguera les dijo a los periodistas: "Se quedaron con las ganas los que querían verme detenido".

Eso es cierto, por ahora. Si bien el fiscal no dejó detenido a Noguera, podría hacerlo cuando le resuelva su situación jurídica. Para ello tiene diez días, aunque en la práctica podría tomarse más.

Congresistas en problemas

En una situación similar a la de Noguera se encuentran cuatro senadores y dos miembros de la Cámara de Representantes, todos ellos de la coalición que apoya al gobierno de Uribe y quienes ya rindieron indagatorias ante la Corte Suprema de Justicia, que también los investiga por supuestos vínculos con los paramilitares.

Se espera que entre mediados y finales de enero próximo la Sala Penal de la Corte Suprema diga si los seis congresistas van o no a la cárcel, como ya ocurrió con otros tres.

De otra parte, este viernes la Fiscalía General de la Nación dictó una nueva orden de detención en contra de Vicente Castaño Gil por la desaparición y muerte de su hermano Carlos, quien fue el máximo jefe paramilitar del país.

Vicente Castaño se encuentra prófugo de la justicia luego de que en agosto pasado el gobierno les pidiera a los jefes paramilitares que acudieran a un sitio de reclusión que condicionó para los cabecillas de más de 30.000 paramilitares desmovilizados.

Audiencias con paramilitares

Entre tanto, comenzó una nueva fase en el proceso a los paramilitares desmovilizados que quieren acogerse a una ley que les rebaja a cinco y ocho años las penas por los delitos de lesa humanidad que cometieron.

Cualquier persona, como miembro de la humanidad, tiene derecho a considerarse víctima y, por lo tanto, asistir a esas audiencias, porque los crímenes que se están juzgando fueron tan graves que ofendieron a toda la humanidad
Gustavo Gallón Giraldo, director de la Comisión Colombiana de Juristas

Aunque esa ley fue expedida hace un año y medio, apenas ahora comenzará a aplicarse, después de que la Corte Constitucional dejó en firme varios de sus artículos y de que surgiera un forcejeo entre el gobierno y los paramilitares.

Ante un fiscal en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, en la costa norte del país, comenzó a rendir "versión libre" el paramilitar William Salazar, quien es procesado por homicidio, concierto para delinquir y desaparición forzada.

La "versión libre" es la primera etapa del proceso en el que los paramilitares confiesan sus crímenes a cambio de una rebaja de sus penas.

En una sala contigua a donde declaró Salazar se encontraban algunas de sus víctimas, que pudieron observar la diligencia. Pero los medios de comunicación no tuvieron acceso.

A propósito del inicio de esas audiencias, el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón Giraldo, le dijo a la BBC que no está de acuerdo con que la Fiscalía limite la asistencia de las víctimas a las audiencias.

"Cualquier persona, como miembro de la humanidad, tiene derecho a considerarse víctima y, por lo tanto, asistir a esas audiencias, porque los crímenes que se están juzgando fueron tan graves que ofendieron a toda la humanidad", dijo Gallón, quien participó en un debate sobre la aplicación de la ley de justicia y paz.

Gallón dijo que, inclusive, la Fiscalía debería poner en su página web los testimonios, escritos y sonoros, que rindan los paramilitares, para que todos los interesados los puedan conocer.

Procesos

En el mismo debate intervino la procuradora delegada en materia preventiva para derechos humanos, Patricia Linares, quien señaló que "la ley de justicia y paz no es una ley de verdad y no es una ley de reparación".

Linares dijo que esa ley responde a un esquema de justicia de transición que se aplica en las etapas de post conflicto.

Sin embargo, la funcionaria subrayó que el conflicto no se ha superado en Colombia y que, por el contrario, se ha agudizado en algunas zonas.

Por esa razón, añadió, muchas víctimas e incluso funcionarios tienen miedo de acudir a los procesos y de juzgar a los victimarios.

Linares cree que en este proceso con los paramilitares habrá más verdad histórica que verdad judicial.

Sin embargo, en declaraciones radiales el vicepresidente de la república, Francisco Santos, se mostró confiado en que tanto la Fiscalía como la Corte Suprema puedan esclarecer la verdad sobre los paramilitares y sus crímenes.

La próxima semana se espera que el temido jefe paramilitar Salvatore Mancuso acuda a la primera de sus versiones libres ante fiscales de Medellín, 400 kilómetros al noroeste de Bogotá.



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