En Santa Cruz, donde esta semana hubo manifestaciones contra Evo Morales, se llamó a la resistencia.
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Dos regiones de Bolivia -Santa Cruz y Beni- decidieron iniciar medidas de presión en contra del presidente Evo Morales y amenazaron con convocar a un referéndum para saber si sus pobladores están dispuestos a acatar la Constitución Política que busca aprobar el partido del mandatario.
La asamblea de la cruceñidad, una de las máximas instancias de decisión en la próspera región de Santa Cruz (que integran instituciones oficiales y organizaciones de la sociedad civil) declaró una huelga de hambre desde este viernes y convocó a sus habitantes y a todos los bolivianos a sostener esa medida.
Con esa decisión, se prevé que la huelga de hambre iniciada la semana pasada por el líder de Unidad Nacional (partido opositor de centro), Samuel Doria Medina, se masificará.
Además, Santa Cruz dispuso la movilización permanente y la resistencia tras la decisión del partido oficialista de aprobar la nueva Constitución sin consultar a los opositores, por la ley de tierras que busca la reversión de fundos improductivos, así como la fiscalización y posible censura de los prefectos (gobernadores) departamentales.
Estas medidas se anunciaron horas después de que terminara sin mayores resultados una reunión entre el gobierno y la oposición. Ambas partes expusieron sus posiciones, sin entrar a la negociación. El próximo encuentro está marcado para el sábado.
¿Paro cívico?
Según el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Germán Antelo, otra de las decisiones tomadas es asistir a la reunión de opositores que se realizará el lunes en la región central de Cochabamba, donde se coordinará un paro cívico con otros departamentos,
quien leyó las conclusiones del encuentro la noche de este jueves.
Y, por último, la asamblea resolvió que, en caso de persistir el incumplimiento a las leyes, se replegarán los asambleístas y la región se reservará el derecho de convocar a un referéndum para saber si el pueblo acata "este proyecto unilateral de Constitución".
Beni, en cambio, decidió replegar a sus parlamentarios inmediatamente y mantener a sus asambleístas en las sesiones para defender los dos tercios en la aprobación de la nueva Constitución, según dijo a BBC Mundo el presidente del Comité Cívico de ese departamento, Alberto Melgar.
Melgar también informó que se empezará a recabar firmas para convocar a un referéndum que apunta al desacato de la Constitución que aprobará el oficialismo.
Entretanto, Tarija, la región que es propietaria de la mayor parte del gas boliviano, dio plazo hasta el martes de la próxima semana para que el gobierno vuelva a la legalidad, caso contrario adoptarán medidas de presión.
Diálogo y presión
Pese al diálogo, las medidas de presión no cesaron. Las marchas de indígenas continuaron hacia La Paz y los parlamentarios mantuvieron el bloqueo al Congreso.
El diálogo se abrió luego de que las bancadas opositoras decidieran dejar al Senado sin quórum, donde el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) pretendía aprobar la reversión de tierras.
El diálogo entre el oficialismo y la oposición no rindió frutos el jueves.
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Si bien el tema agrario paralizó al Congreso, la oposición decidió dar prioridad a su demanda de que la Carta Magna se apruebe por dos tercios de votos en la Asamblea Constituyente.
Ante esa exigencia, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, declaró que es "imposible. Lo que Podemos (partido de oposición) está planteando es una dictadura de las minorías".
Y, como muestra de que nada cambió con el diálogo, los legisladores de la oposición no asistieron la tarde de este jueves a la sesión del Congreso que debía autorizar un viaje del presidente Evo Morales a Holanda, Nigeria y Cuba.
Para salir del país por más de cinco días, el presidente debe contar con autorización del Congreso. El palacio de gobierno informó que, de todas formas, el mandatario hará el viaje y que regresará antes de que se cumpla el plazo legal.
El ambiente político se caldeó aún más este jueves porque el jefe nacional de Unidad Nacional (opositor de centro), Samuel Doria Medina, denunció que el MAS incurrió en fraude en la votación en la que se definió que la Carta Magna se aprobará por mayoría absoluta.
Según dijo, dos asambleístas que figuran entre los votantes, no estuvieron ese día en Sucre, la sede de la Constituyente.