Morales defiende el proyecto de ley de fiscalización del trabajo de los prefectos.
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Los prefectos (gobernadores) de seis de los nueve
departamentos de Bolivia emitieron una resolución en rechazo a un proyecto de ley de fiscalización de su labor, defendido por el presidente Evo Morales.
Las máximas autoridades de Santa Cruz, Beni, Pando,
Tarija, Cochabamba y La Paz acordaron "romper la relación con el Poder Ejecutivo Nacional. No concurrir a ninguna convocatoria que realice el señor Presidente de la República".
Esa decisión se mantendrá "en tanto no se modifique la línea gubernamental de vulneración de la ley y desestabilización institucional de las autoridades elegidas por el voto popular".
En palabras de los gobernadores, "el país observa con preocupación la conducta del Gobierno Nacional, que lleva el sello de la prepotencia política, la burla de las leyes de la república y un profundo sentido antidemocrático".
El proyecto
Morales defiende un proyecto de ley de fiscalización de la gestión de los prefectos que otorga al congreso, y en última instancia a su persona, facultades para aprobar mociones de censura y destituirlos.
En opinión de Morales, las autoridades no deberían "temer a la fiscalización".
En declaraciones citadas por el diario local La Razón, el mandatario manifestó: "Si hay transparencia en el manejo de la plata del pueblo, si hay honestidad en el manejo de la plata del pueblo, ninguna de las autoridades nacionales debemos tener miedo al pueblo y a sus instituciones".
Para la semana entrante, los prefectos convocaron a un encuentro en la ciudad de Cochabamba con líderes de
organizaciones sociales y cívicas de todo el país.
De los nueve gobernadores bolivianos, elegidos por el voto popular en diciembre pasado, seis pertenecen a partidos de la oposición y los tres restantes al Movimiento al Socialismo, de Morales.