El escándalo se ha hecho senir en las más altas esferas.
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Un alto funcionario del ministerio de Transporte en Colombia dimitió a su cargo, en un nuevo capítulo del escándalo que sacude al país por presuntos vínculos entre políticos y paramilitares.
Luis Carlos Ordosgoitía, director de Instituto Nacional de Concesiones (INCO), renunció tras admitir que había participado en reuniones con grupos paramilitares.
Otros nueve políticos están en custodia debido a las acusaciones o han recibido órdenes de entregarse a las autoridades.
Si bien Ordosgoitía, la primera persona que debió presentar su renuncia a raíz del escándalo, no forma parte de los escalafones más altos del gobierno colombiano, no hay duda de que la crisis se ha hecho sentir en la cúpula gubernamental.
Sospechas
La dimisión del funcionario de transporte se produce en una semana en la que seis diputados y senadores -todos ellos aliados del presidente Álvaro Uribe- han recibido la orden de presentarse ante los investigadores del estado por su presunta relación con los paramilitares.
Uno de ellos, el senador Álvaro Araujo, es el hermano de la ministra de Relaciones Exteriores. Otros tres miembros de la coalición gobernante aún están detenidos por el mismo asunto.
El miércoles, Uribe se vio en la difícil situación de tener que decir que no suspendería el Parlamento mientras se llevasen a cabo las investigaciones.
Desde hace tiempo, muchos colombianos sospechan que existe una estrecha relación entre los grupos paramilitares y el actual gobierno de centro-derecha.
Sin embargo, no fue sino hasta que las autoridades descubrieron un ordenador portátil perteneciente a un líder paramilitar clave que comenzaron las investigaciones.
Al parecer, esta situación amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos políticos de Colombia en los próximos meses.
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