Tras cuatro años, la Fiscalía Especial dio conocer la investigación sobre el periodo de la guerra sucia.
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Una de las primeras promesas que el saliente presidente de México, Vicente Fox, hizo cuando asumió el poder en diciembre del año 2000, fue que su gobierno investigaría a fondo y llevaría "hasta sus últimas consecuencias" los crímenes, abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos en el país durante los años 70 y principios de los 80.
Las investigaciones previas a su llegada al poder, realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se habían enfocado a investigar la desaparición forzada de personas presuntamente vinculadas con grupos subversivos y que habrían sido las principales víctimas de la llamada "guerra sucia", concebida y dirigida por al menos dos gobiernos anteriores, el de Gustavo Díaz Ordaz (1964-70) y el de Luis Echeverría (1970-76).
De los 532 expedientes de denuncias sobre desapariciones forzadas que investigó, la CNDH encontró que en 275 casos, a las personas reportadas como desaparecidas se les habían violado una serie de derechos relativos a su seguridad jurídica, a la libertad e integridad personal y a una defensa adecuada.
La Comisión de Derechos Humanos recomendó entonces al gobierno de Fox que asumiera el "compromiso ético y político" para "evitar por todos los medios legales que los sucesos ocurridos en el período investigado se puedan repetir".
El acuerdo
Fox aceptó la recomendación que se le hizo, y el 27 de noviembre de 2001 su gobierno emitió un acuerdo en el que ordenaba que se tomaran algunas medidas para que se impartiera justicia en todos los casos denunciados.
Un informe de la Fiscalía plantea que durante la época se incurrió en crímenes de lesa humanidad
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En dicho acuerdo se decía que los hechos contra los "presuntos desaparecidos" por motivos políticos, "exigen una respuesta contundente y clara de la autoridad para dar a conocer la verdad, sanar viejas heridas y establecer nuevos pactos".
Entre las acciones ordenadas por el gobierno federal estuvo la de solicitar al Procurador General de la República que nombrara a un fiscal para investigar y resolver las denuncias ya presentadas.
Así fue como el 4 de enero de 2002, se designó a Ignacio Carrillo Prieto para encabezar esa fiscalía especial.
Informe tardío
Después de cuatro años y algunos meses de investigación, la Fiscalía Especial debía tener listas las conclusiones finales de su investigación para abril de este año.
Pero los meses pasaron y no fue sino hasta hace apenas unas semanas, muy cerca ya del fin del gobierno de Fox, que la fiscalía hizo público un documento que llamó escuetamente "Informe general a la Sociedad Mexicana".
En el informe se dan explicaciones profusas de la metodología utilizada en la investigación oficial, y se abunda en detalles del contexto histórico y sociológico en el que ocurrieron los hechos denunciados, como la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, ocurrida en octubre de 1968.
En sus conclusiones, la fiscalía dice haber constatado que "el régimen autoritario, a los más altos niveles de mando, impidió, criminalizó y combatió a sectores de la población que se organizaron para exigir mayor participación democrática".
Sin justicia
El informe dice además que en el combate que emprendió contra los movimientos estudiantiles, el gobierno "se salió del marco legal, e incurrió en crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos que culminaron en masacres, desapariciones forzadas, tortura sistemática y genocidio".
Pero en el informe algo llama la atención: la advertencia que hace la fiscalía sobre la imposibilidad para lograr que pueda hacerse justicia.
"A veces la verdad reseñada en el informe no ha sido suficiente para conseguier reunir los elementos necesarios conforme a nuestro sistema procesal penal, para poder realizar la consignación ante los tribunales y enjuiciar a los responsables", dice el documento.
Agrega que los datos aportados por la investigación realizada por la fiscalía especial "será la base para que las investigaciones que realiza el Ministerio Público continúen hasta satisfacer los requisitos para perseguir los delitos resultantes y a sus culpables ante los tribunales".
Critica implacable
La reacción frente a este informe, tan largamente esperado, de los familiares de desaparecidos durante la "guerra sucia" y de quienes sufrieron años de cárcel y de torturas, es de una crítica implacable.
Rosario Ibarra aún desconoce dónde está su hijo, Jesús Piedra.
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Rosario Ibarra de Piedra, senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), no volvió a ver más nunca a su hijo Jesús Piedra Ibarra, desde una noche en 1973 en la que después de haberlo mandado a comprar algunos víveres, nunca más regresó.
Fue a la medianoche que las autoridades fueron a su casa para informarle que su hijo había estado involucrado en un intercambio de disparos con varios agentes, pero que había logrado escapar con vida.
"Esta investigación fue un fraude, un engaño", dijo a BBC MUNDO la senadora Ibarra.
"En el informe se admiten las responsabilidades del gobierno en la guerra sucia, pero no se lleva a nadie a la cárcel. Todos los responsables del secuestro y desaparición de mi hijo están exonerados. Nosotros no queremos indemnizaciones, lo que queremos es que se haga justicia", agregó.
Raúl Alvarez Garín, quien fue uno de los líderes del movimiento estudiantil del 68, reconoce que el informe tiene datos importantes que "muestran que hubo una política sistemática de genocidio, a nivel de Estado".
Lo que, a su juicio, el informe no revela "son las complicidades de grupos políticos actuales con esa política, que hay impunidad y obstrucción de la justicia".
"Es absolutamente rechazable que esto sea todo a lo que se ha llegado", comentó Alvarez Garín a la BBC.
"Hay 40 acusados y todos están prófugos de la justicia, están protegidos por el Ejército, por la Procuraduría, por la AFI (Agencia Federal de Investigaciones), por las complicidades establecidas por las alianzas económicas y políticas de personas cercanas a Luis Echeverría".
Echeverría
En junio de este año, al calor de la campaña electoral presidencial y cuándo apenas faltaban dos días para la elección general, un juez emitió una orden de aprehensión contra el ex presidente Luis Echeverría, quien era Secretario de Gobernación (Ministro del interior) al momento de ocurrir la masacre de Tlatelolco.
Luis Echeverría gobernó México entre 1970 y 1976.
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El juez lo acusaba, entre otras cosas, de genocidio.
Por su avanzada edad, 84 años, Echeverría cumplió arresto domiciliario, pero sólo fue por unos días. Otro juez federal lo exoneró de los delitos que se le imputaron, y quedó en libertad.
Este miércoles, cuando apenas faltan menos de 48 horas para que se realice la toma de posesión de Felipe Calderón como presidente de México, nuevamente un juez ordenó el arresto domiciliario del exmandatario en conexión con los mismos delitos.
El ex mandatario mexicano ha negado haber tenido alguna responsabilidad en los eventos del 2 de octubre de 1968.
Por lo que respecta al presidente Fox, el capítulo de la "guerra sucia" en México está cerrado.
En una entrevista hecha por BBC Mundo en marzo de este año, poco después de que se hubiera filtrado a la prensa un borrador del informe de la fiscalía especial, Fox dijo que esa instancia "terminó su tarea, muy amplia, muy profunda, la presentó ante un juez y finalmente la Suprema Corte decidió que ya habían vencido los plazos, puesto que estos temas llevan 25 años de vigencia".
"Ese tema ya se terminó. Ya cumplimos con nuestro compromiso y con nuestro deber", dijo el presidente saliente.
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A veces la verdad reseñada en el informe no ha sido suficiente para conseguier reunir los elementos necesarios conforme a nuestro sistema procesal penal, para poder realizar la consignación ante los tribunales y enjuiciar a los responsables
