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Viernes, 8 de septiembre de 2006 - 00:47 GMT
Amnistía acusa al gobierno de Uribe
Álvaro Uribe, presidente de Colombia
Según AI, Uribe "dio luz verde" a los ataques contra los defensores de derechos humanos.
Amnistía Internacional (AI) acusó al gobierno colombiano de dar "luz verde" a los ataques contra los defensores de derechos humanos.

En un informe dado a conocer el jueves, AI dice que cuando el presidente Álvaro Uribe y su gobierno acusan a las organizaciones de derechos humanos de estar vinculadas con el terrorismo, los convierten en blancos de grupos armados, en especial paramilitares.

"Los ataques contra activistas de derechos humanos en Colombia tienen un doble propósito: silenciar a las personas e impedir que otras continúen con su labor", afirmó Sofía Nordenmark, coordinadora de defensores de derechos humanos de AI.

"Algunas personas han recibido amenazas con tanta frecuencia que ya las consideran parte de su rutina. Otras se han visto obligadas a marcharse de sus comunidades", agregó Nordenmark.

El informe pone de manifiesto las dificultades de los defensores y otras personas que trabajan en el área de derechos humanos.

Arma peligrosa

Los ataques contra activistas de derechos humanos en Colombia tienen un doble propósito: silenciar a las personas e impedir que otras continúen con su labor
Sofía Nordenmark, coordinadora de defensores de derechos humanos de AI
Amnistía Internacional también urge al presidente Uribe a reconocer públicamente la legitimidad de los activistas de derechos humanos, a procesar a los responsables por sus ataques y a elaborar y apoyar una estrategia militar agresiva contra los grupos armados.

"La impunidad de que gozan quienes atacan a los activistas de derechos humanos es un arma peligrosa, ya que transmite el mensaje de que los civiles deben evitar reclamar justicia", reza el texto del informe.

La Unión Europea estima que más de 300 trabajadores por los derechos humanos y activistas sindicales fueron muertos en Colombia en los últimos cuatro años.

Hasta el momento, el gobierno colombiano no se ha pronunciado sobre el informe.



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