Videla era miembro de la junta militar que gobernó a Argentina entre 1976 y 1983
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La justicia argentina dio un nuevo paso para juzgar a las máximas figuras del gobierno militar (1976-1983), acusadas de violaciones de los derechos humanos.
El juez Norberto Oyarbide anuló este martes el indulto que favorecía al ex presidente de facto Jorge Rafael Videla por considerarlo contrario a la Constitución.
Tan sólo 24 horas antes, el mismo magistrado había dejado sin efecto el perdón a los ex ministros de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y del Interior Albano Harguindeguy, ambos funcionarios de las juntas militares.
Tanto Videla como Martínez de Hoz y Harguindeguy han sido involucrados en el secuestro de dos empresarios en 1976.
Máxima figura del gobierno de facto, Videla se encuentra bajo arresto domiciliario en otras causas por crímenes de lesa humanidad como el robo de bebés nacidos en cautiverio y el Plan Cóndor, el operativo coordinado de los gobiernos militares sudamericanos para perseguir a opositores.
En cambio, los ex ministros Martínez de Hoz y Harguindeguy seguirán en libertad.
Los indultos fueron decretados en 1989 y 1990 por el entonces presidente Carlos Menem y favorecieron a cerca de 50 ex militares de alto rango.
Barreras legales
Videla, de 81 años, estuvo al frente del golpe que derrocó a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976. Cinco años después pasó a retiro y fue reemplazado por el general Roberto Viola.
Entre 1989 y 1990, el entonces presidente Carlos Menem indultó a unos 50 militares
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Su mandato es considerado como la etapa más represiva del régimen.
Según las denuncias, el secuestro de Federico Gutheim y su hijo Miguel Ernesto tuvo como objetivo extorsionarlos para que aceptaran un contrato de exportación beneficioso para el Ministerio de Economía conducido por Martínez de Hoz.
El gobierno quería forzar un convenio entre la compañía algodonera de los Gutheim, Textil Sadeco, y empresarios de Hong Kong, con el fin de acceder a créditos chinos.
Federico y Miguel Ernesto Gutheim estuvieron cautivos durante cinco meses en dos cárceles de Buenos Aires, donde fueron visitados por funcionarios de la junta militar. Una vez liberados demandaron al Estado, que los indemnizó en 1990 con unos US$16.000.
Miles de desaparecidos
Organizaciones de derechos humanos estiman que unas 30.000 personas desaparecieron y fueron asesinadas durante el gobierno de facto en Argentina.
La decisión del juez Oyarbide es considerada un nuevo paso en la eliminación de las barreras que aún impiden juzgar a ex militares y policías acusados de crímenes de lesa humanidad.
La presidenta de la organización de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, elogió la medida y dijo que esperaba nuevos avances de la justicia.
El año pasado se derogaron las llamadas leyes de Obediencia Debida y Punto Final, aprobadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), lo que ha permitido a la justicia investigar a cientos de ex miembros de las fuerzas de seguridad.
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