Hace 30 años se instauró un gobierno de facto en Argentina que duró hasta 1983.
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Un juez argentino anuló este lunes los indultos que beneficiaban a dos figuras emblemáticas del gobierno militar en relación con una causa de violaciones de los derechos humanos.
Se trata de José Alfredo Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy, ex ministros de Economía e Interior, respectivamente.
Ambos han sido involucrados en el secuestro de dos empresarios, Federico Gutheim y su hijo Miguel Ernesto, en 1976, y ahora podrán ser juzgados.
En esta causa también está imputado el ex general Jorge Rafael Videla, el primer presidente del gobierno militar (1976-1983), quien se encuentra bajo arresto domiciliario acusado de crímenes de lesa humanidad.
Indultos de 1990
Los indultos fueron decretados en 1989 y 1990 por el entonces presidente Carlos Menem y beneficiaron a cerca de 50 ex militares de alto rango.
Algunos de ellos ya habían sido condenados en el histórico Juicio a las Juntas realizado tras el regreso de la democracia.
Hace algunas semanas la Justicia sentenció a un ex policía a 24 años y medio de prisión.
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La anulación del perdón a Martínez de Hoz y a Harguindeguy, solicitada por grupos de derechos humanos, fue resuelta por el juez Norberto Oyarbide, quien también revocó los sobreseimientos de los que gozaban ambos.
Sin embargo, los ex ministros del gobierno militar seguirán en libertad.
Según las denuncias, el secuestro de los empresarios tuvo como objetivo extorsionarlos para que aceptaran un contrato de exportación para su compañía algodonera que favorecía al Ministerio de Economía conducido por Martínez de Hoz.
Los Gutheim estuvieron cautivos durante cinco meses en dos cárceles de Buenos Aires, donde aparentemente fueron visitados por funcionarios del gobierno militar. Una vez liberados demandaron al Estado, que los indemnizó en 1990 con unos US$16.000.
Martínez de Hoz y Harguindeguy niegan las acusaciones en su contra y se espera que apelen la decisión del juez Oyarbide.
Organizaciones de derechos humanos estiman que unas 30.000 personas desaparecieron y fueron asesinadas durante el gobierno de facto en Argentina. La justicia investiga actualmente a cientos de ex militares y policías acusados de crímenes de lesa humanidad.
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