Los enviados de la justicia española tenían plazo hasta el 4 de julio para sus diligencias.
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La delegación de jueces españoles que se encuentra en Guatemala fue notificada oficialmente de que las audiencias para escuchar a testigos y acusados de genocidio seguirán suspendidas por ahora.
El juez español Santiago Pedraz tiene previsto permanecer en el país hasta el 4 de julio y cumplir así el plazo que le fue concedido inicialmente para sus diligencias, informó la agencia EFE.
Si se vence ese plazo, aunque se haya destrabado el proceso, Pedraz tendrá que hacer una nueva solicitud a los tribunales guatemaltecos para indagar a los acusados.
El problema es que no se sabe la fecha en que el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción guatemalteco resolverá el recurso interpuesto por uno de los acusados. Sin esa resolución, los jueces de la Audiencia Nacional de España están paralizados.
"Acciones trágicas"
Mientras tanto, un general guatemalteco retirado, José Luis Quilo Ayuso, advirtió en rueda de prensa que el proceso judicial en curso "puede traer acciones trágicas".
La mayoría de las víctimas de la guerra civil fueron indígenas guatemaltecos.
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El ex jefe castrense, acompañado por una decena de militares, dijo que el proceso seguido por los jueces de España "no es más que una persecución política de grupos unidos a la antigua guerrilla que quieren continuar con la guerra".
Y subrayó: "No queremos mover aguas que no convienen... Nuestro discurso no es anticuado, sino algo real".
La demanda ante la Audiencia Nacional española es uno de los más importantes procesos judiciales contra acusados de abusos cometidos durante la guerra civil en Guatemala.
Fue promovida en 1999 por la líder indígena y Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, quien acusa a varios representantes del gobierno guatemalteco de genocidio, terrorismo de estado y asesinatos extra judiciales.
Los jueces españoles llegaron a Guatemala con la intención de interrogar a ocho ex altos funcionarios acusados de genocidio, entre ellos los ex presidentes de facto Efraín Ríos Montt (1982-1983) y el general Oscar Mejía Víctores (1983-1986).
También investigan el asalto de las fuerzas de seguridad guatemaltecas a la sede de la embajada de España, en 1980, donde murieron 37 personas, entre ellas tres españoles.
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