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Lunes, 26 de junio de 2006 - 13:53 GMT
Guatemala: la justicia en ascuas
Redacción BBC Mundo

Afiche con fotos de desaparecidos en protesta frente a embajada de España.
La investigación española quedó por ahora suspendida.
Representantes de la justicia española se encuentran en Guatemala, donde en las próximas horas deberán anunciar los pasos a seguir en su investigación contra ex altos funcionarios del gobierno guatemalteco por atrocidades cometidas durante la guerra civil que azotó a ese país durante casi cuatro décadas.

El juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz y el fiscal Jesús Alonso llegaron al país centroamericano este fin de semana, donde se enteraron de que las autoridades judiciales locales habían suspendido sus diligencias en Guatemala de forma indefinida.

El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción guatemalteco decidió la suspensión indefinida de las diligencias tras aceptar el recurso interpuesto por uno de los acusados, el ex director de la desaparecida Policía Nacional, Germán Chupina.

Este lunes se tiene previsto que la representación española reciba la información oficial del fallo y luego de las formalidades se espera que el juez Pedraz indique las acciones a seguir para continuar con el proceso.

Se sabe que la situación queda en manos de las autoridades judiciales que en un plazo no determinado tendrán que decidir si se acepta la jurisdicción de un tribunal extranjero.

Intromisión

General Efraín Ríos Montt.
Uno de los acusados es el ex presidente de facto, general Efraín Ríos Montt.
Los jueces españoles llegaron a Guatemala con la intención de interrogar a ocho ex altos cargos acusados de genocidio. Entre ellos, el ex presidente de facto Efraín Ríos Montt (1982-1983).

Ríos Montt, quien presentó un recurso de inconstitucionalidad para evitar ser interrogado, calificó de "intromisión y violación a la soberanía nacional" la participación de los jueces españoles.

La demanda fue presentada ante la Audiencia Nacional española en 1999 por la dirigente indígena y Premio Nóbel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, acusando a varios representantes del gobierno guatemalteco de genocidio, terrorismo de estado y asesinatos extra judiciales.

Hablando con BBC Mundo, Antonio García, el abogado español que representa a los demandantes defendió la participación española diciendo que "la aplicación del derecho internacional es perfectamente procedente".

Y añadió que puesto que "Guatemala no ha juzgado estos hechos (...) entonces, en aplicación del principio de justicia internacional incorporado en la legislación española, es perfectamente coherente y legal esta situación".

Crímenes contra la humanidad

Juez Santiago Pedraz.
El juez español Santiago Pedraz debe anunciar cuáles son las acciones siguientes.
Además del general Ríos Montt y de Chupina, los acusados incluyen a otro ex presidente de facto, el general Oscar Mejía Víctores (1983-1986), los generales Benedicto Lucas y Ángel Guevara y el ex jefe de la policía nacional, Pedro García Arredondo, entre otros.

Junto con las acusaciones de lesa humanidad, los jueces españoles también investigan el asalto de las fuerzas de seguridad guatemaltecas a la sede de la embajada de España, en 1980, donde murieron 37 personas, entre ellas tres españoles.

El abogado García le dijo a la BBC que las pruebas en manos de las autoridades españolas "se basan en testimonios de los sobrevivientes, así como informes y documentación (...) que incriminan o avalan la existencia de estos delitos".

Los acusados en repetidas oportunidades han rechazado los cargos.

Apoyo

Entretanto, este fin de semana decenas de personas se congregaron frente a la embajada española en la capital guatemalteca para denunciar el fallo de suspensión y para expresar su apoyo a los jueces españoles.

Familiar de una de las víctimas de la guerra civil.
La mayoría de las víctimas de la guerra civil fueron indígenas guatemaltecos.
Activistas por los derechos humanos, sobrevivientes y familiares de las víctimas portaban fotos de los desaparecidos y claveles rojos como símbolo de su campaña.

Por su parte, Eduardo de León, director de la Fundación Rigoberta Menchú calificó la decisión judicial guatemalteca como "un espaldarazo a la impunidad".

Por ahora no hay visos de una solución expedita. Todavía quedan pendientes otros recursos presentados por los acusados para bloquear las diligencias judiciales.

Hace pocas semanas, la Alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Louise Arbour, declaró que la impunidad seguía vigente en el país centroamericano y acusó a las autoridades de hacer poco para castigar a culpables de los abusos.

En 1996 se puso fin a casi 40 años de guerra civil en la que murieron mas de 200.000 personas, en su mayoría indígenas.



ESCUCHE/VEA
Guatemala: jueces españoles buscan justicia
BBC MUNDO HOY 26.06.06



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