El gobierno de Hugo Chávez rechazó enfáticamente el informe de EE.UU.
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El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el Trafico de Personas en el mundo ha causado airadas reacciones, en particular, de Venezuela.
Según la investigación, el gobierno del presidente Hugo Chávez "ha dedicado atención y recursos insuficientes a combatir el tráfico humano".
El informe también recomienda que se haga más para que se cumpla la ley, además de "educar al público, y desarrollar mecanismos de protección para las víctimas de tráfico".
Reacción
El defensor del pueblo venezolano, Germán Mundaraín, rechazó el informe del Departamento de Estado estadounidense.
"No tiene fuentes directas y carece de rigor científico. Ese informe es confeccionado de forma primaria en las embajadas y es enviado al Departamento de Estados donde se elabora", señaló.
Para Mundaraín, el reporte de Washington es una represalia política y atenta contra las buenas relaciones entre los dos países.
La embajada de Venezuela en Estados Unidos dijo a través de un comunicado que el informe "es una demostración de cómo el gobierno del presidente George W. Bush ha politizado su trabajo en el tema de derechos humanos".
Lo que se ha hecho
Contrario a lo dicho por Washington, Venezuela cree que sí lleva a cabo esfuerzos para combatir el flagelo.
El primer encuentro hemisférico sobre Tráfico de Seres Humanos se llevó a cabo en marzo en Venezuela con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El 4 de junio, el Ministerio Público de Venezuela anunció la detención de dos efectivos de la Guardia Nacional (GN) por su presunta implicación con una organización internacional dedicada al tráfico de ciudadanos chinos.
El informe asegura que Venezuela tolera el tráfico de mujeres y niños para la explotación sexual.
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Según informes de prensa, los detenidos están acusados de secuestro, trata y tráfico ilícito de personas y torturas.
En marzo de 2005 se llevó a cabo un seminario internacional y de capacitación que involucró a varios ministerios venezolanos y a representantes latinoamericanos y de Estados Unidos.
En el informe estadounidense se acusó a Bolivia, Cuba, Ecuador, Venezuela y Jamaica de tolerar el tráfico de mujeres y niños para la explotación sexual y laboral.
También hacen parte de la lista de nivel tres, la más preocupante para el informe, Birmania (Myanmar), Camboya, Kuwait, Corea del Norte, Qatar, Arabia Saudita, Sudán, Togo y los Emiratos Árabes.
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Es una demostración de cómo el gobierno del presidente George W. Bush ha politizado su trabajo en el tema de derechos humanos
