Colombia presenta uno de los mayores fenómenos de desplazamiento forzado en el mundo.
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Con el aplastante triunfo de Álvaro Uribe Vélez en las elecciones del pasado domingo muchas ONG y observadores internacionales se preguntan qué cambiará en el panorama colombiano de los derechos humanos.
Se trata, sin duda, de un tema muy complejo, porque tiene varias aristas: el conflicto armado que vive el país, las políticas que ha adoptado Uribe, las tensas relaciones de su gobierno con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y el papel que han jugado la comunidad internacional y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Mientras Uribe y sus funcionarios siempre exhiben la reducción de la tasa de homicidios (35%), masacres (60%), secuestros (50%) y desplazamientos forzosos (casi 50%) como avances en derechos humanos, las ONG contestan que han aumentado los crímenes selectivos, las amenazas, la autocensura y el exilio.
La semana anterior, en su informe anual sobre 150 países, la organización Amnistía Internacional (AI) expresó que en Colombia siguen ocurriendo graves abusos contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
AI denunció además que en el 2005 hubo unas 100 ejecuciones extrajudiciales.
Presencia de la UE
Enviados de la UE y Austria se han solidarizado con los amenazados.
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Casi al mismo tiempo, en Bogotá el embajador de Austria en Colombia, Hans-Peter Glanzer, y el delegado de la Comisión Europea para Colombia y Ecuador, Adrianus Koetsenruijter, leyeron una declaración de solidaridad con un grupo de ONG y académicos que han recibido amenazas de muerte por correo electrónico en los últimos días.
Entre ellos estaba Iván Cepeda, columnista de prensa y director de la Fundación Manuel Cepeda, quien le dijo a la BBC que esas amenazas, que provienen de nuevos grupos paramilitares, agravan el clima de polarización que vive el país.
Las amenazas por correo electrónico han sido firmadas por una entidad que se hace llamar Grupo Democrático Colombia Libre, que les advierte: "No estamos dispuestos a seguir permitiendo que una partida de disfrazados como lo son todos ustedes continúen consumiendo a nuestro país en el lodo del comunismo".
Llama la atención que los grupos paramilitares están en un proceso de negociación que ha permitido la desmovilización de 30.000 personas.
Sin embargo, ya se ha denunciado la reaparición de unos 15 de esos grupos en diferentes regiones del país.
Expectativa internacional
Uribe obtuvo un amplio triunfo electoral.
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La UE dijo que la labor de los defensores de derechos humanos es fundamental en cualquier democracia y el director de derechos humanos de la presidencia de Colombia, Carlos Franco, respondió que para el gobierno "cualquier amenaza es condenable", provenga de donde provenga.
Al comentar el informe de AI, el vicepresidente, Francisco Santos, dijo que todos los culpables de las violaciones de derechos humanos deben ser castigados penalmente.
Aunque se esperaba que esta semana se diera a conocer el nombre del nuevo director de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, todo parece indicar que la decisión sigue en suspenso.
Esa oficina se encuentra sin director titular desde comienzos de año y su actual directora interina ha sido designada para ocupar un cargo fuera de Colombia.
El mandato de esa oficina terminará en octubre próximo.
Lo que se espera es que sea renovado por al menos un año y que, entonces, gobierno y ONU entren a renegociarlo.
Incógnita
La protección de los derechos humanos es un reto para el gobierno de Uribe.
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Desde 1997 esa oficina ejerce tareas de observación, informe y cooperación técnica.
Sus informes se han convertido en motivo de tensión con el gobierno, debido, entre otras razones, a las recomendaciones que le ha hecho y que considera que no han sido acogidas.
El gobierno de Uribe ha hecho saber que prefiere que, bajo un nuevo mandato, la oficina privilegie las tareas de cooperación sobre las de información e informe.
Pero eso solo se sabrá cuando haya un nuevo acuerdo.
Además del papel de la ONU, surgen interrogantes sobre si el gobierno, en sus proyectos de reforma judicial, insistirá en recortar el alcance de la acción de tutela -un mecanismo de defensa de derechos humanos que popularizó la constitución de 1991- y en quitarle poderes a la corte constitucional colombiana.
Pero todo eso es, por ahora, una incógnita.
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