El asedio del crimen organizado sobre una de las principales ciudades de Brasil causó 81 muertes desde el viernes pasado y tomó por sorpresa al gobierno, pero los expertos aseguran que era previsible y que puede repetirse en cualquier momento.
El gobierno de Lula da Silva pide calma frente a los acontecimientos.
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El gobierno admite la gravedad de la situación, pero pide calma.
Este lunes el presidente Lula da Silva ya sabía de los más de 80 muertos, de la mayor ola de motines carcelarios en la historia del país, de la treintena de autobuses incendiados, de los objetivos civiles atacados, de la repercusión internacional del ataque del crimen organizado en un año electoral y del terror que se apoderó de la población del estado de Sao Paulo y especialmente de su capital. Aún así, optó por no ser estridente.
"Los ataques son una provocación y una demostración de fuerza del crimen organizado, pero no existen soluciones mágicas para combatirlo", aseguró desde Brasilia el presidente, tras enviar a su ministro de Justicia a Sao Paulo para seguir de cerca los hechos.
La gravedad de la situación hacía prever una reacción más enérgica, pero ésta se limitó a ofrecer al gobierno de Sao Paulo -gobernado por un partido opositor-, la posibilidad de sacar al ejército a las calles para controlar la situación. Hasta el lunes a la noche la oferta no había sido aceptada.
"El estado de Sao Paulo está en guerra contra el crimen organizado", admitía más tarde Eliseo Teixeira Borges, comandante de la Policía Militar del estado en una tensa rueda de prensa en la que aseguró que las fuerzas de seguridad no retrocederán ante los ataques, aunque esperan más muertos y violencia.
Reacción previsible
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Es urgente que se limite la posibilidad de que los presos peligrosos puedan comunicarse por celulares con el exterior y seguir con sus actividades criminales mientras cumplen condenas
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La reacción del Primer Comando de la Capital, PCC, ante el traslado de algunos de sus jerarcas a prisiones de alta seguridad, era previsible.
La facción criminal organizó rebeliones similares -aunque de menor alcance- en 2001 y 2003, organizadas desde dentro de las cárceles donde sus líderes cumplen condenas.
"Es urgente que se limite la posibilidad de que los presos peligrosos puedan comunicarse por celulares con el exterior y seguir con sus actividades criminales mientras cumplen condenas", señalaba este lunes la exjueza y diputada socialista Denise Frousard.
Pero Froussard fue una de las pocas parlamentarias presentes este lunes en el Congreso, medio vacío por tratarse de un año electoral en el cual los parlamentarios pasan más tiempo en sus estados de origen que en Brasilia.
Varios de ellos se culpaban ayer de haber sido descuidados en la aprobación leyes que ayuden a mejorar la seguridad pública en Brasil.
"Muy grave"
Analistas como la antropóloga Alba Zaluar, estudiosa del crimen organizado en Brasil, aseguran que ataques con esta repercusión son estimulantes para los delincuentes.
"Ahora querrán hacer lo mismo en otros estados", predijo. Y asegura que el discurso del crimen organizado es "antisistema" y muy similar al de grupos guerrilleros de izquierda como los de Colombia y Perú.
"La situación es muy grave", concluyó.
En 2005 el gobierno de Lula da Silva transfirió a los estados brasileños unos US$140 millones para financiar la seguridad pública.
Una cifra 28% menor de lo que había dispuesto en el presupuesto nacional de 2004, y razón por la que las críticas de la oposición no se han hecho esperar. Máxime siendo éste un año electoral, y cuando Lula es candidato a un nuevo período presidencial.
Lucha contra el crimen
La situación es cada vez más tensa y el ejército podría salir a las calles.
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"No debemos contaminar este debate con discusión electoral partidaria", atajaba desde la Cámara de Diputados la parlamentaria oficialista Idelí Salvati, comentando el que fue el tema del día en el Congreso.
A ese paso, este martes habrá una reunión entre todas las bancadas para acelerar la aprobación de proyectos de ley que puedan ayudar en la lucha contra el crimen organizado en Brasil.
El problema de la violencia en Brasil tiene varios culpables y la falta de recursos oficiales para el sistema penitenciario y judicial es uno de ellos.
Junto con la exclusión social forman un cóctel de resultados previsibles, como asegura el padre Valdir João, coordinador de la Pastoral Carcelaria de la Iglesia Católica del estado de Sao Paulo.
"Las cárceles brasileñas están superpobladas, y la mayoría de las personas adentro son pobres, sin condiciones para tener un abogado. El crimen organizado llena ese vacío que deja el Estado y les ayuda en lo que necesitan; con eso hasta los inocentes se convierten en víctimas de la violencia organizada en las cárceles", aseguró el religioso a la Agencia Brasil.
"Nosotros tenemos que respetar las leyes, y ellos (el PCC) no tienen ninguna. Invaden casas sin orden judicial, portan las armas que quieren, mientras nosotros tenemos que conformarnos con las porquerías que el estado nos da", decía, resentido, un policía civil que asistía al velorio de un compañero muerto en los disturbios que comenzaron el viernes a la noche en Sao Paulo.
Pero nadie -desde los gobiernos estatal y nacional- ofrece soluciones concretas al problema de la seguridad pública. Todos coinciden, eso sí, en que la situación es crítica.
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