Morales aseguró que todos los recursos naturales seguirán el mismo camino.
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Tanto Brasil como España, responsables de la mayor parte de la producción en los yacimientos gasíferos bolivianos, reaccionaron con consternación al decreto supremo del presidente Evo Morales que nacionaliza los hidrocarburos.
El titular de la petrolera estatal brasileña Petrobrás, José Sergio Gabrielli, afirmó que la decisión "torna económicamente inviable las operaciones" en el país andino.
Tras una reunión de gabinete este martes, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, decidió que "consultará a otros mandatarios" sobre los alcances del plan boliviano, informó el portavoz de la presidencia, André Singer.
Mientras que el gobierno español, en control de la petrolera hispanoargentina Repsol-YPF, expresó una "profunda preocupación" por la medida.
El decreto firmado este lunes por el presidente boliviano devuelve al Estado el control de los recursos energéticos y fija un plazo de 180 días para que las empresas extranjeras negocien nuevos contratos o abandonen sus operaciones en Bolivia.
Evo Morales también ordenó la militarización de los campos de petróleo y gas natural y envió efectivos armados a tomar control de las instalaciones.
Tras dirigir la toma de una refinería, el mandatario aseguró que "falta mucho por hacer... mañana, pasado será la minería, será lo forestal, serán todos los recursos naturales".
Ganancias en juego
Con la nueva norma las empresas extranjeras deberán entregar todo el petróleo y el gas extraídos a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que les retribuirá por sus servicios con el 50% del valor de la producción.
En los dos mayores campos gasíferos -San Alberto, operado por Petrobrás, y Sábalo, operado por Repsol-YPF- el retorno para las empresas será sólo del 18%.
El gobierno ordenó el control militar de todas las instalaciones de gas y petróleo.
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Gabrielli, presidente de Petrobrás -la mayor inversora extranjera en el sector de hidrocarburos en Bolivia- dijo en declaraciones a TV Globo que "no hay posibilidades de viabilizar una nueva inversión con un 18 por ciento de retorno sobre la producción de gas".
Por su parte, una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de España expresa que "el gobierno espera que en el período de 180 días anunciado por el presidente boliviano para que las compañías extranjeras regularicen sus actuales contratos haya diálogo y negociaciones auténticos... en los que todos los intereses sean respetados".
El documento agrega que el primer ministro español, José Luis Rodríguez Zapatero, "vigilará de cerca la situación en Bolivia y trabajará junto a otros gobiernos involucrados para alcanzar una solución satisfactoria para todas las partes".