Más de 100 personas, incluyendo legisladores y dos ex ministros de gobierno, deberían enfrentar cargos criminales, según un informe redactado por la comisión parlamentaria encargada de investigar casos de corrupción en Brasil.
La comisión se tomó nueve meses para investigar las denuncias.
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Pero el informe considera que el presidente Luiz Inacio "Lula" da Silva no cometió ningún acto delictivo.
El texto, de 1.800 páginas, es el resultado de nueve meses de investigación parlamentaria.
Los legisladores concluyeron que el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) realizó pagos ilegales a dirigentes de otras agrupaciones que pertenecían a la coalición de gobierno.
La comisión parlamentaria fue creada para investigar denuncias de corrupción en el servicio estatal de correos.
Pero su área de influencia incluyó muy pronto las denuncias que implicaban al PT en la compra de votos de partidos aliados a través de dinero no declarado.
Dirceu en la mira
El informe incluye a 19 ex y actuales parlamentarios, tres ex ejecutivos del PT y dos ministros de gobierno que renunciaron el año pasado debido a las acusaciones.
Jose Dirceu podría ser investigado por la justicia.
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Entre los nombrados, la figura política de mayor perfil es Jose Dirceu, el anterior jefe de gabinete de Lula y uno de los asesores presidenciales de mayor influencia.
Dirceu siempre ha rechazado las acusaciones en su contra, pero si el informe publicado este miércoles es aprobado por el Parlamento la próxima semana, los fiscales deberán considerar si presentan cargos en su contra.
En lo que respecta a las acusaciones de soborno, el reporte concluye que el PT desvió millones de dólares de fondos no declarados a sus aliados, lo que viola la ley electoral.
Indica también que el presidente fue advertido de la situación pero no lo considera culpable de encubrimiento, señalando que Lula instruyó a uno de sus ministros a investigar las acusaciones.
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