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Jueves, 14 de julio de 2005 - 02:32 GMT
Colombia criticada por poca práctica
Héctor Latorre
Héctor Latorre
Colombia

Al concluir su visita al país, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, destacó los avances y fallas en el país sobre el tema.

Paramilitares colombianos
La Ley de Justicia y Paz aprobada por el gobierno ha sido criticada internacionalmente.

La misión reconoció los avances "constitucionales, legales e institucionales del país que lo colocan a la vanguardia en lo que respecta al marco jurídico en materia de desaparición forzada de personas".

Aunque destacó que hay "escaso progreso en la instrumentación y aplicación práctica de dichos ordenamientos", pues según la visita, muy pocos responsables de desapariciones han sido capturados o llevados ante la justicia, al igual que muy pocas víctimas han sido halladas.

Contrario al reporte de la misión de la ONU, el director del programa de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Carlos Franco, le dijo a la BBC que en la mitad de los casos denunciados "las personas fueron encontradas vivas".

"El gobierno destinó recursos para crear el sistema único de registro de personas desaparecidas y constituyó 15 grupos de trabajo con la policía para esclarecer el tema porque hay mucha denuncia por desaparición forzada que no es desaparición forzada", dijo Franco a la BBC.

Para el funcionario, "lo que ha quedado claro es que los grupos armados ilegales son los que están desarrollando esta práctica", ante los avances en el país para combatir este delito por parte del Estado.

Considerable sub-registro

Desde su creación, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU ha recibido 1161 casos de este delito en Colombia, y en esta visita de una semana recibió oficialmente "decenas de nuevas peticiones de admisión de casos individuales y escuchamos incontables testimonios verbales".

Por esto, los integrantes del grupo de trabajo señalaron que existe en el país un "considerable sub-registro de casos" y que algo particular en Colombia es el "intenso temor" y miedo de los familiares ante las amenazas que reciben por denunciar las desapariciones.

La misión condenó enfáticamente "cualquier atrocidad cometida por grupos armados de cualquier naturaleza", y explicó que su mandato se reduce a investigar únicamente los casos cometidos por agentes del Estado o grupos organizados o particulares que actúen con apoyo directo o indirecto del gobierno.

Críticas a "justicia y paz"

En su visita, el grupo de trabajo de la ONU pidió al Presidente Álvaro Uribe objetar la ley de "justicia y paz" aprobada en el congreso, la cual establece el marco jurídico para las desmovilizaciones de grupos armados ilegales y que ha generado fuertes críticas al mandatario colombiano.

"Dicha ley podría llevar, en lo jurídico y en lo práctico, a la concesión de importantes beneficios atenuantes de responsabilidad penal a personas que hubieren cometido la gravísima conducta de la desaparición forzada de personas, sin que se asegure su contribución, previa a la obtención de dicho beneficio, para el esclarecimiento del caso", señaló la misión del organismo internacional.

Carlos Franco, del programa de Derechos Humanos del gobierno, defendió en la BBC los alcances de la polémica ley.

"Las personas que sean beneficiarias de la ley en ningún momento van a dejar de ser procesadas por las cosas que no confiesen, ningún delito queda prescrito y si las personas no lo han confesado la justicia que da con toda la libertad para hacer todas las investigaciones sobre todos los delitos que se denuncien", dijo Franco.

"Además, se considera una medida de reparación dar información sobre personas desaparecidas pero yo creo que lo que estimula la ley es que se confiese este delito y se esclarezca el paradero de las personas", puntualizó el funcionario.

La visita del grupo de trabajo de la ONU coincidió con el anuncio del gobierno de cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que lo obliga a un acto de desagravio con los familiares de 19 desaparecidos por parte de grupos paramilitares.



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