El temor de un estallido de violencia apareció entre los habitantes de algunas ciudades de Bolivia y particularmente en La Paz, asediada por multitudinarias manifestaciones durante las pasadas tres semanas.
Esta vez la posibilidad de violencia no proviene de una intervención policial o militar para reprimir las protestas, sino de un potencial enfrentamiento entre sectores de ciudadanos.
Las viejas rivalidades entre los ciudadanos resurgen con las protestas.
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El endurecimiento de la situación se revela, por ejemplo, en una convocatoria de la organización de vecinos de El Alto, ciudad vecina a La Paz. Los líderes de El Alto han llamado para este lunes, pero sólo a los hombres, a una protesta callejera que se prevé será muy grande.
Mientras tanto, los habitantes de algunas zonas ricas y de clase media de La Paz han comenzado a organizar grupos que supuestamente defenderán sus barrios de manifestantes enardecidos.
La Paz se encuentra aislada y paralizada desde el pasado jueves por los cortes de ruta, que también han causado escasez de alimentos y falta total de combustible para vehículos.
Los dirigentes de las protestas han calificado de absurda la posibilidad de ataques a las propiedades en los barrios acomodados, pero ese temor se funda en incidentes ocurridos durante las protestas.
Los líderes de El Alto han llamado este lunes a una protesta callejera.
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Algunos grupos de campesinos, maestros y vecinos de El Alto causaron destrozos en automóviles de lujo la semana pasada y obligaron a quitarse las corbatas a los ciudadanos que encontraban al paso de la protesta.
Los manifestantes alegaron que los incidentes se desataron porque los espectadores de la protesta los insultaron con apelativos notoriamente racistas.
El encono entre quienes se sienten excluidos desde siempre y quienes opinan que son avasallados por las protestas ha crecido en la misma medida en que se agrava la crisis política en Bolivia.
Esto ocurre mientras la Iglesia Católica comenzó una mediación para superar el conflicto que hasta ahora no ocasionó ni heridos ni presos, ya que el gobierno del presidente Carlos Mesa controla pacíficamente las protestas.
Uno de los bandos de la disputa que está a punto de paralizar Bolivia es un movimiento autonomista del próspero departamento de Santa Cruz, al este del país, liderado por empresarios que buscan administrar los grandes recursos de la región.
Los opositores a los empresarios son los líderes sindicales e indígenas, principalmente del oeste del país, que aspiran a instalar una asamblea constituyente que según ellos sentará las bases para combatir la pobreza y la exclusión social en Bolivia.
La tensión va en crecimiento y las posiciones se endurecen.
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La pugna entre estos dos sectores se ha expresado en una animadversión, incluso de corte racista, entre algunos habitantes de Santa Cruz y los manifestantes del occidente andino, de origen quechua y aymara.
La semana pasada, en la ciudad de Santa Cruz, una organización llamada Unión Juvenil Cruceñista atacó una manifestación de indígenas y hombres y mujeres fueron duramente golpeados por jóvenes armados de palos.
Las declaraciones de naturaleza incendiaria han comenzado a ser comunes en ambos bandos.
Los jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista dijeron que no permitirán manifestaciones indígenas en Santa Cruz y hasta amenazaron con organizar grupos que sólo dejen ingresar a esa ciudad a personas que no tengan origen indígena.
Y desde el occidente andino, algunos sindicalistas radicales hicieron correr el rumor de que grupos de ex reclutas aymaras pretendían desplazarse a la ciudad de Santa Cruz.
Ambos extremos han sido descalificados por los líderes de cada bando, pero a pesar de eso, el clima de tensión va en crecimiento, en medio de una paulatina paralización de actividades y de un endurecimiento de las posiciones.
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