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Jueves, 2 de junio de 2005 - 01:56 GMT
Congreso boliviano se ausenta

Luis Crespo
Bolivia

Las protestas amenazan con agravarse en Bolivia mientras el Congreso sigue sin reanudar sus sesiones para tratar temas como la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos.

Presidente del Congreso boliviano, Hormando Vaca Diez (centro), junto a otros legisladores
Los partidos políticos le plantearon "la necesidad, la importancia de seguir trabajando en los consensos y diálogo"
Hormando Vaca Diez, presidente del Congreso

En medio de un bloqueo de caminos convocado para presionarlos a sesionar, los congresistas no pudieron ponerse de acuerdo el miércoles y suspendieron su reunión por segundo día consecutivo.

El presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez, dijo que a solicitud de los partidos con representación parlamentaria le plantearon "la necesidad, la importancia de seguir trabajando en los consensos y diálogo".

"Esa es la razón por la cual también se me ha pedido que no instale la sesión", explicó Vaca Diez.

El Congreso debía discutir la fecha y características de un referendo sobre autonomías regionales, pero el partido Movimiento al Socialismo exige que también se debata la convocatoria a una asamblea constituyente.

Asamblea Constituyente

Las multitudinarias protestas que las últimas dos semanas han paralizado el centro de La Paz tienen como exigencia central la convocatoria a esa Asamblea Constituyente.

El presidente Carlos Mesa (2o. desde la izq.) se reúne con la plana mayor de la policía boliviana
Mesa se reunió con la alta plana de la policía para despejar rumores de un motín.

La sesión del Congreso debió instalarse el martes, pero no hubo quórum por la ausencia de parlamentarios que temían un supuesto cerco al edificio legislativo por parte de los manifestantes.

La suspensión de los debates provocó que el líder de la Confederación de Campesinos de Bolivia, Román Loayza, convocara a cortes de rutas a partir de este miércoles.

Los cortes de ruta han incomunicado a La Paz con el resto del país, pues la principal carretera que une occidente con el oriente ha sido bloqueada en varios sitios.

Estos bloqueos de carreteras han impedido casi completamente el tránsito hacia las fronteras con Perú y Chile y parcialmente hacia Paraguay y Argentina, según los informes del Servicio Nacional de Caminos.

También permanecen en La Paz miles de campesinos y maestros del área rural, quienes anunciaron la continuación de las multitudinarias manifestaciones que protagonizaron los pasados días.

Vecinos de El Alto

Mientras tanto, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, ciudad aledaña a La Paz, decidió radicalizar sus protestas a partir de este jueves con el fin de conseguir la asamblea constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos.

Manifestante lanza devuelta cápsula de gas lacrimógeno
Manifestante lanza devuelta cápsula de gas lacrimógeno.

Los habitantes de El Alto protagonizaron la rebelión popular que obligó a dimitir de la presidencia a Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003.

En esa ocasión murieron 60 civiles a causa de la represión militar ordenada por Sánchez de Lozada a las protestas contra un impopular proyecto de exportación de gas natural.

El transporte público en La Paz realizará una huelga de dos días a partir de este jueves para protestar contra los manifestantes que interrumpen el tráfico en la ciudad.

En medio de esta convulsiva situación, el presidente Carlos Mesa se reunió con el alto mando policial, luego de que este miércoles supuestamente dos suboficiales intentaron promocionar un motín.

Mesa también emitió un comunicado en el que felicita a los policías "por el notable trabajo que realizan durante los acontecimientos de violencia que sufre la ciudad de La Paz".

La posibilidad de una rebelión policial despierta recuerdos muy dolorosos en Bolivia, pues en febrero de 2003 un motín de tropas de baja graduación derivó en un tiroteo contra militares a las mismas puertas de palacio de gobierno.

Como producto de ese enfrentamiento murieron cuatro militares, 13 policías y dos decenas de civiles.

Otro motín policial, en 2000, impidió la aplicación de un estado de sitio dictado por el entonces presidente Hugo Banzer.



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