Ahora que la Ley de Hidrocarburos ha sido promulgada por el Congreso boliviano, otros temas comienzan a dominar el debate político en el país.
El jueves por la noche, el Congreso aprobó, en términos generales, una ley que abre el camino para un referendo sobre la autonomía de los nueve departamentos o provincias bolivianas.
La aprobación de la ley no terminó con las manifestaciones.
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La votación de la ley, que no estipula fechas ni define la pregunta a realizarse en el referendo, desató el enojo de diferentes sectores, entre ellos uno de los principales partidos de oposición, el Movimiento al Socialismo.
Si bien la gran mayoría de los partidos políticos y grupos sociales de Bolivia están de acuerdo sobre el tema de las autonomías, no todos concuerdan con que el mismo se resuelva mediante una consulta popular.
El referendo es impulsado, principalmente, por el departamento de Santa Cruz, el más rico del país.
Sin embargo, la idea que parece prevalecer entre los demás departamentos y partidos políticos es que la cuestión se debata y resuelva en el marco de una Asamblea Constituyente.
"Uno de los departamentos pretende que (el referendo) se apruebe con la pregunta que ellos quieren y en la fecha que ellos quieren," señaló a BBC Mundo el diputado del MAS Santos Ramírez, en referencia al departamento de Santa Cruz.
"La autonomía debe ser parte de la Asamblea Constituyente," agregó Ramírez.
La Asamblea Constituyente debe ser convocada por el Congreso, si bien todavía no se sabe cuándo.
En ella no sólo se tratará el tema de las autonomías, sino decenas de otras cuestiones que hacen a la vida política, económica y social del país.
Las protestas sociales se han repetido en las calles bolivianas en los últimos años.
Nueva ley, viejo problema
A pesar de contar con una nueva Ley de Hidrocarburos, la polémica en torno al gas y el petróleo en Bolivia no ha terminado.
Diferentes grupos sociales, principalmente un sector de los mineros, marcharon este jueves por tercer día consecutivo hacia la sede del Parlamento y de la Presidencia, en La Paz, para exigir la nacionalización de los hidrocarburos.
Entre quienes se oponen a la nueva ley también están el presidente Carlos Mesa, quien el martes decidió no ratificar pero tampoco vetar la ley, y la devolvió al Congreso tal cual la había recibido.
El presidente cree que la nueva ley terminará perjudicando a la economía del país, porque podría significarle juicios al Estado por parte de las petroleras, que ahora deberán pagar más en concepto de impuestos y regalías.
También el Movimiento al Socialismo rechaza esta ley. El MAS pretende, entre otros cambios, que las regalías que pagan las empresas petroleras sean mayores a las estipuladas en la nueva ley.
Otro tema que seguramente seguirá dando de qué hablar, en lo referente a los hidrocarburos, es su nacionalización.
Se trata de una posibilidad que no está contemplada en la nueva ley y que implicaría, entre otras cosas, la expulsión de las empresas petroleras extranjera del país.
Por ahora, la nacionalización no es una posibilidad que goza de gran apoyo entre los diferentes partidos políticos.
El tema de fondo
Más allá de los hidrocarburos, de las autonomías regionales y de las cientos de demandas que tienen los diversos y múltiples actores sociales y políticos en Bolivia, existe una cuestión que parece subyacer a todos ellas.
Bolivia es uno de los países más pobres de América Latina, donde una minoría mayoritariamente blanca ha dominado la política y economía del país por años.
La población indígena boliviana sufre altos índices de pobreza.
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Basta con visitar el Distrito Siete de la ciudad de El Alto, ubicado a unos 20 kilómetros de La Paz, para ver las difíciles condiciones en que viven miles de bolivianos.
Son casas de barro donde no existe el agua potable. Los habitantes, indígenas en su totalidad, se ven obligados a beber de pozos comunitarios donde la higiene deja mucho que desear.
En el Distrito Uno de El Alto la situación es mucho mejor. Allí las casas tienen agua potable y gas, pero aún así se trata de una zona muy pobre.
Según el analista político de la Universidad Católica de Bolivia, Gonzalo Chávez, "el modelo político y económico de los últimos años se encuentra en crisis, justamente por no atender los temas sociales, de pobreza y de exclusión".
Para alguien que viene de afuera, llama la atención, por ejemplo, que la gran mayoría de la gente que conduce autos importados sea de raza blanca, y que prácticamente todos los que atienden los puestos de comida y venta de artículos en la calle sean indígenas o mestizos.
El presidente Carlos Mesa acaba de presentar un amplio programa para los más de dos años que le restan de gobierno.
Según Mesa, el plan, de corte social y económico, "busca mejorar la calidad de vida de los bolivianos".
Sin duda, una asignatura tan apremiante como difícil.
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El modelo político y económico de los últimos años se encuentra en crisis, justamente por no atender los temas sociales, de pobreza y de exclusión
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