El gobierno considera que la unidad de Bolivia está en riesgo.
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El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, ha fracasado en
su intento de efectuar una reunión multisectorial en
la que debía debatirse una nueva ley de hidrocarburos.
Ante el rechazo de casi todos los invitados al
diálogo, el ministro de la Presidencia, Antonio Galindo, ha comunicado que se suspende la reunión que debía efectuarse el lunes próximo.
"En estas circunstancias no queda otra opción que suspender la realización del Encuentro por la Unidad de Bolivia", dijo Galindo este viernes.
Mesa hizo un llamado al diálogo al Congreso, al poder judicial, jefes políticos y líderes regionales y sindicales, porque considera que "la unidad de Bolivia está en serio riesgo".
Rechazos
El presidente Mesa recibió del Congreso la nueva ley de hidrocarburos la semana pasada, pero en lugar de promulgarla decidió llamar a esta reunión, en la que se discutiría el alcance de la nueva norma.
Tras conocerse la invitación de Mesa, los primeros en rechazar la reunión fueron los parlamentarios y luego el Poder Judicial.
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Los riesgos para la convivencia democrática y la unidad del país se mantienen vigentes
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El gobierno ha dicho que "la decisión institucional del Congreso inhabilita automáticamente" el propósito de la reunión.
El jefe de la oposición, el diputado Evo Morales, condicionó su asistencia a la extensión de la invitación a organizaciones sociales.
Varios jefes políticos habían manifestado su rechazo a volver a discutir la ley de hidrocarburos en este encuentro y en cambio, exigieron a Mesa que se decida claramente a promulgar la ley o a vetarla.
El gobierno, al suspender el encuentro, ha insistido en que "los riesgos para la convivencia democrática y la unidad del país se mantienen vigentes".
¿Veto?
A partir de ahora, Mesa deberá anunciar si promulgará la ley de hidrocarburos o la devolverá al Congreso con cambios que los parlamentarios deberán debatir.
El próximo martes se cumple el plazo constitucional de 10 días para que el presidente promulgue la ley o la vete.
Protestas y descontentos han marcado el camino para la aprobación de la ley energética.
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Si Mesa no se pronuncia en ningunos de los dos sentidos, el presidente del Congreso tiene la potestad de promulgar la ley sin más trámites.
Mientras tanto, persisten las amenazas de protestas callejeras para lograr la promulgación de una nueva ley que aumente los ingresos que percibe el Estado por la explotación de hidrocarburos por parte de empresas multinacionales.
La nueva norma está basada en el resultado de un referendo realizado el año pasado, en el que la mayoría de la población votó por aumentar los ingresos hasta 50%, mediante un incremento impositivo.
El presidente Mesa ha calificado de "inviable" la ley que recibió del parlamento porque la considera confiscatoria para las empresas petroleras, y según él, expone al país a millonarios juicios internacionales.
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