La disputa acerca de la explotación de hidrocarburos en Bolivia está a punto de provocar otra vez una crisis política y social, luego de que el parlamento aprobara una ley que el gobierno considera confiscatoria para las empresas petroleras extranjeras.
La nueva legislación debe ser aprobada o rechazada por el presidente.
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Si el presidente Carlos Mesa veta o modifica la nueva ley de hidrocarburos que fue remitida al ejecutivo el jueves, se arriesga a una nueva ola de conflictos liderados por el diputado Evo Morales.
Las actuales circunstancias son prácticamente las mismas que empujaron al mandatario a renunciar y luego reasumir su cargo hace dos meses, al verse presionado a promulgar una ley que él considera inadecuada.
Sin embargo, esta vez Mesa ha reaccionado con cautela y ha declarado que hará uso del plazo de diez días que le otorga la constitución, antes de decidir si promulgará la ley o la modificará.
Mesa ha generado incertidumbre e inquietud al postergar su decisión, pero su opinión es conocida, ya que el mandatario ha calificado en varias ocasiones de "inviable" y "suicida" el contenido de la nueva ley, porque podría ocasionar juicios internacionales contra el Estado boliviano.
Referendo
Mientras que el gobierno considera "confiscatoria" a la nueva ley, organizaciones sociales y sindicales opinan que ésta cumple el mandato de un referendo en el cual la mayoría de la población votó por el cobro del 50% de los ingresos por concepto de explotación de hidrocarburos.
Sindicatos y movimientos sociales han adelantado que convocarán a protestas si Mesa altera la ley.
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Sindicatos y movimientos sociales han adelantado que convocarán a protestas si Mesa altera la ley con el fin de disminuir el impacto del nuevo régimen impositivo a las empresas petroleras extranjeras.
El partido Movimiento al Socialismo (MAS), cuyo jefe es Evo Morales, es el principal impulsor de la nueva ley, y a pesar de que el texto enviado a Mesa por el parlamento incorpora la mayoría de sus sugerencias, esta agrupación ha mostrado su insatisfacción.
Según el MAS, existen en la nueva ley ciertos elementos que impedirán cobrar plenamente el 50% de los ingresos.
Por esta razón, el MAS ha convocado a una reunión de sindicatos y organizaciones sociales el próximo lunes, en la que se resolverán medidas de protesta para imponer una ley que supuestamente respetará lo decidido en el referendo.
Empresarios
Si el presidente cambia la ley, ésta debe enviarse otra vez para su discusión al parlamento, donde las modificaciones sólo podrían ser rechazadas por tercios de voto, lo cual es muy difícil de obtener para el MAS.
Por lo tanto, para el MAS y los sindicatos sólo quedaría el recurso de las protestas callejeras para imponer sus condiciones.
Por otra parte, influyentes organizaciones de empresarios privados emplazaron a Mesa a vetar la ley porque dificultará la inversión extranjera al provocar inseguridad jurídica.
La aprobación del nuevo régimen ya ha provocado un paro convocado por organizaciones civiles en el departamento de Tarija, que exige ser la sede de la empresa petrolera estatal, que volverá a operar a partir de la promulgación de la ley.
En vista de que es prácticamente imposible que todos los sectores queden satisfechos, es previsible que Mesa enfrente problemas, tanto si promulga la ley como si la modifica.
La forma en que se deben explotar los hidrocarburos en Bolivia fue la razón de la renuncia del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien huyó de Bolivia tras ordenar una represión militar que causó la muerte de por lo menos 60 civiles, que protestaban contra un proyecto de exportación de gas natural en octubre de 2003.
Mesa, quien entonces era vicepresidente, asumió la presidencia y prometió un referendo que al realizarse decidió aumentar hasta el 50% los ingresos por la explotación de hidrocarburos.
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