La ley, que aún se debate en el Congreso, rige la desmovilización de combatientes.
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Amnistía Internacional advirtió al gobierno de Colombia que la aprobación de la "ley de justicia y paz" podría concederle impunidad a los violadores de derechos humanos.
El proyecto de ley busca establecer el marco jurídico para que los grupos armados entreguen las armas y se reincorporen a la vida civil.
"La ley no garantiza el derecho de las víctimas de los abusos de derechos humanos a la verdad y la reparación", le dijo a BBC Mundo John Drury, del equipo de investigación de Amnistía Internacional en Colombia.
"No hay garantías de un proceso judicial que asegure que las personas acusadas sean traídas ante la justicia, que puedan interrogarlas".
El texto debe ser aprobado en un último debate por la plenaria del Senado y la Cámara del Congreso antes de ser sancionado por el presidente.
Garantías de justicia
Amnistía Internacional critica que, al no dar garantías de que los ex combatientes se presenten a juicio, no se puede pensar en una desmovilización real.
"La ley no asegura el real desmantelamiento de los grupos paramilitares, ni permite establecer hasta qué punto están trabajando con las fuerzas armadas y otros estamentos de la sociedad.", dijo Drury.
"Lo que hay un reciclaje de combatientes en estructuras que podrían recrear la estrategia paramilitar bajo otro nombre, como redes de informantes", agregó.
Algunos de los artículos presentados por el gobierno han sido modificados en los debates parlamentarios, y todavía pueden sufrir más cambios en las sesiones plenarias.
A principios de mes, las comisiones de la Cámara y el Senado no aprobaron un artículo en el que se calificaba como sedición los crímenes cometidos por los grupos paramilitares y por lo tanto les concedía el estatus de delitos políticos.
Los congresistas sí aprobaron el artículo propuesto por el gobierno que indica que en Colombia no hay conflicto armado, sino una "agresión terrorista".
De la aprobación de la ley de justicia y paz depende en parte el proceso de paz entre el gobierno y el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que comenzó en julio de 2003.
El proceso debe terminar con el desarme de 20 mil combatientes antes de 2006.
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La ley no garantiza el derecho de las víctimas de los abusos de derechos humanos a la verdad y la reparación
