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Martes, 12 de abril de 2005 - 18:24 GMT
Niegan estatus político a "paras"
Paramilitares colombianos.
Los paramilitares han amenazado con romper el proceso si no cumplen con sus deseos.

El congreso colombiano rechazó un artículo de ley que daba estatus político a los grupos paramilitares en negociación con el gobierno.

El artículo no aprobado -el número 64 de la llamada Ley de Justicia y Paz- calificaba como sedición los crímenes cometidos por los grupos paramilitares y por lo tanto les concedía el estatus de delitos políticos.

La decisión, calificada de sorpresiva y de revés para el gobierno por los medios colombianos, se tomó en comisiones especiales tanto del Senado como de la Cámara.

Sin embargo, aún es posible que este artículo se reforme y apruebe cuando la ley sea votada en las plenarias del Congreso.

De hecho, el ministro de Interior y Justicia de Colombia, Sabas Pretelt, restó importancia al hundimiento del artículo y dijo que el gobierno buscará revivirlo en las sesiones plenarias.

Las comisiones del Senado y la Cámara aprobaron el artículo propuesto por el gobierno que indica que en Colombia no hay conflicto armado, sino una "agresión terrorista".

Ley polémica

La llamada Ley de Justicia y Paz busca establecer el marco jurídico para que los paramilitares entreguen las armas y se reincorporen a la vida civil.

La propuesta de ley tiene en vilo el proceso de negociación que sostiene el gobierno con los grupos paramilitares, conocidos como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La extradición no es un tema de negociación
Álvaro Uribe, presidente de Colombia

El domingo, en rueda de prensa, el portavoz político de los paramilitares, Ernesto Báez, aseguró que "el proceso se encuentra en estado agónico, y si hay que tomar la determinación de volvernos al monte, las primeras que lo harán serán las AUC".

Los paramilitares temen que exista la amenaza no sólo de prisión, sino de extradición a los Estados Unidos.

Este martes, en diálogo con periodistas en Japón, donde se encuentra de gira, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, insistió en que "La extradición no es un tema de negociación''.

La propuesta de ley también ha provocado fuertes críticas en Colombia por parte de opositores, defensores de los derechos humanos, y políticos independientes, quienes dicen que, además de permitir la impunidad frente a crímenes atroces, busca clasificar al narcotráfico como delito político.

Los paramilitares son acusados de algunas de las peores atrocidades cometidas en las últimas décadas del conflicto colombiano.



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