El proyecto de ley intenta regular las negociaciones de paz con las AUC.
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Luis Carlos Restrepo, el alto comisionado para la paz, rechazó la decisión del grupo paramilitar Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) de regresar a las armas si se aprueba un proyecto de ley de amnistía.
El anuncio de las AUC fue hecho después de una larga reunión con representantes del gobierno en Santa Fe de Ralito, en el norte del país, donde se llevan a cabo las negociaciones.
"El proceso se encuentra en estado agónico, y si hay que tomar la determinación de volvernos al monte, las primeras que lo harán serán las AUC", dijo el portavoz del grupo armado, Ernesto Báez.
El proyecto de ley de "justicia y paz" busca establecer el marco jurídico para que los paramilitares entreguen las armas y se reincorporen a la vida civil.
El texto, que debe ser aprobado por el Congreso, contempla penas máximas de 8 años para los autores de crímenes atroces, la confesión de los delitos y la devolución de bienes adquiridos ilegalmente.
Otras críticas
Restrepo insistió en que la amenaza de las AUC es seria y que se mantendrá en contacto con sus representantes para convencerlos de los beneficios de la ley.
"Lo que debe entender el país es que este es un momento de unidad. Superado el debate democrático, el Congreso y las instituciones deben rodear al gobierno en torno a este instrumento para persuadir a esos grupos sobre la viabilidad y las bondades de este camino", dijo Restrepo.
El proyecto de ley también ha despertado críticas de grupos de derechos humanos por considerar que permite la impunidad en crímenes atroces y narcotráfico.
El alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Michael Frühling, criticó el hecho de que se omita la existencia de un conflicto armado y de que la confesión sea una opción voluntaria y no obligatoria.
El ex ministro de Defensa y actual senador Rodrigo Pardo dijo al diario colombiano El Tiempo que lo que se ha aprobado hasta ahora del proyecto es una "regresión de la democracia", porque "no permite ni la investigación, ni la verdad, ni la participación de las víctimas".
Las AUC y el gobierno del presidente Álvaro Uribe se encuentran en medio de un proceso de negociación desde julio de 2003, que debe terminar con el desarme de 20 mil combatientes antes de 2006.
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El Congreso y las instituciones deben rodear al gobierno en torno a este instrumento para persuadir a esos grupos sobre la viabilidad y las bondades de este camino
