Se calcula que los grupos paramilitares tienen unos 16 mil combatientes.
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El proceso de paz entre el gobierno y los paramilitares está en crisis por un proyecto de ley de amnistía.
Líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) indicaron que no aceptarían el proyecto de ley de amnistía que cursa en el congreso y que el proceso de paz se encuentra en "estado terminal".
Jeremy McDermott, corresponsal de la BBC en Colombia, indicó que las paramilitares amenazan con no dejar las armas si existe la amenaza no sólo de prisión, sino de extradición a los Estados Unidos.
En una rueda de prensa concedida en Santa Fe de Ralito, el lugar donde se llevan cabo las negociaciones en el norte del país, los paramilitares informaron a través de un portavoz que "la ley de justicia nos va a regresar al monte".
Las AUC, sin embargo, ratificaron que siguen comprometidas con el proceso de paz y dijeron que su postura no era un "ultimátum".
El obispo de Apartadó, monseñor Germán García, quien ha asistido a las últimas reuniones, dijo que "el proceso está muy, muy, muy delicado".
El alto comisionado de paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo, quien el sábado estuvo reunido durante siete horas con los paramilitares, se abstuvo de dar declaraciones.
Polémico proyecto
La propuesta de ley ha provocado fuertes críticas en Colombia por parte de opositores, defensores de los derechos humanos, y políticos independientes, quienes dicen que, además de permitir la impunidad frente a crímenes atroces, la ley busca calificar al narcotráfico de delito político.
Incluso partidarios del gobierno, como el ex ministro de Defensa y actual senador, Rafael Pardo, ven con desconfianza lo que se ha aprobado hasta el momento en el Congreso.
"El procedimiento penal que se aprobó no permite ni la investigación, ni la verdad, ni la participación de las víctimas. El Estado está totalmente desfavorecido", dijo Pardo en entrevista con el periódico colombiano El Tiempo.
Pardo calificó lo que se ha aprobado hasta el momento como una "regresión de la democracia".
Por su parte, el ex consejero de Paz Daniel García Peña, escribiendo en el diario El Espectador, señaló:
"Como va la ley de los paras hasta ahora en el Congreso, ya lo que queda ni se puede llamar confesión. En primer lugar, no es prerrequisito, sino optativa. Tampoco tienen que confesar todos sus delitos, y si les son descubiertos otros posteriormente, simplemente los confiesan y se acogen de nuevo a la ley".
"En la práctica, eso significa que sólo se limitarán a los casos en los cuales acusa el Estado, y dados los niveles precarios de nuestra justicia para adelantar investigaciones, eso significa que buena parte de los delitos simplemente quedarán por fuera", escribió.
Reconciliación o sometimiento
Los líderes paramilitares se han pronunciado contra el proyecto de ley.
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Sin embargo, según indicaron jerarcas de la iglesia católica que asistieron a la jornada de negociación en la zona de ubicación, los paramilitares no están satisfechos con la propuesta de ley.
Así lo expresó Julio César Vidal Ortiz, arzobispo de Montería, la capital del departamento donde se realizan los diálogos.
"Colombia, desafortunadamente, ha tenido la mala experiencia de muchos procesos fallidos".
"Y realmente, nosotros, que llevamos más de dos años de estar acompañando este proceso (...), donde ha habido más de 4.500 desmovilizados, un proceso que camina hacia una desmovilización total de las autodefensas, (tememos que) vaya a truncarse también, precisamente por falta de una ley en la cual puedan caber todos los grupos alzados en armas al margen de la ley", dijo el prelado.
"Diego Vecino", uno de los responsables políticos de las autodefensas le dijo al periódico El Espectador que "estamos dispuestos a construir y a aceptar los resultados de un proceso concertado que conduzca a la reconciliación nacional. No estamos dispuestos a someternos a un proceso de sometimiento a la justicia".
Los paramilitares son acusados de algunas de las peores atrocidades cometidas en las últimas décadas del conflicto colombiano.
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El procedimiento penal que se aprobó no permite ni la investigación, ni la verdad, ni la participación de las víctimas
