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Martes, 1 de noviembre de 2005 - 22:26 GMT
Ultimátum a paramilitares
El gobierno colombiano dijo que los grupos paramilitares deben desmovilizarse para el 31 de diciembre o serán combatidos.

Luis Carlos Restrepo, alto comisionado de paz de Colombia.
Quienes se nieguen a desmovilizarse de manera voluntaria serán enfrentados militarmente
Luis Carlos Restrepo, comisionado de paz de Colombia
El anuncio lo hizo el alto comisionado de paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo, quien además advirtió que mientras no haya un desarme total, ningún miembro de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia podrá participar en política.

"La fecha máxima de desmovilización es el 31 de diciembre de 2005. No existe ninguna razón válida para que se suspendan las desmovilizaciones de estos grupos", dijo Restrepo en un breve comunicado leído en el Palacio de Nariño, la sede del Ejecutivo colombiano.

De esa manera el gobierno respondió a un pedido que hicieron los paramilitares -por intermedio de un senador- de extender un par de meses más el plazo para la desmovilización total.

"Quienes se nieguen a desmovilizarse de manera voluntaria serán enfrentados militarmente".

Al conocer el comunicado del gobierno, el jefe de las Autodefensas, Ernesto Báez, dijo a la emisora colombiana la FM que el proceso de paz seguía adelante "pese a las dificultades".

Sin embargo, se mostró sorprendido por el ultimátum del gobierno e insistió que hay que aplazar la fecha de final de desmovilización.

Problemas

Los grupos de autodefensa decidieron congelar las negociaciones en septiembre pasado, luego de que el gobierno trasladara a una prisión de máxima seguridad a Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, uno de sus líderes.

El proceso continúa, pese a las dificultades
Ernesto Báez, líder paramilitar
Murillo es pedido en extradición por Estados Unidos por el delito de narcotráfico.

Los grupos paramilitares de ultraderecha son acusados de algunas de las peores atrocidades cometidas en el conflicto interno colombiano en los últimos años.

Hasta el momento se han desmovilizado cerca de 11.000 de los 20.000 hombres que, se calcula, son miembros de esos grupos.

Como producto de las negociaciones, iniciadas en julio de 2003, el Congreso colombiano aprobó la llamada ley de Justicia y Paz, la cual ha sido criticada por la oposición pues considera que fomenta la impunidad al contemplar penas muy bajas para los jefes paramilitares acusados de delitos graves.

Así mismo, en las últimas semanas han aumentado las denuncias de que los paramilitares presuntamente están ejerciendo presiones y amenazas para influir en las elecciones que se realizan el año próximo.



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