Un fiscal en Argentina pidió la detención de cerca de 300 ex miembros de las fuerzas de seguridad acusados de haber trabajado en la notoria cárcel clandestina que operó durante el gobierno militar que tuvo el país entre 1976 y 1983.
Unas 5.000 víctimas habrían pasado por el centro de detención en la ESMA.
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La solicitud fue enviada por el fiscal Eduardo Raúl Taiano al juez Sergio Torres, quien deberá decidir si los acusados deberán someterse a interrogatorios sobre la tortura y matanza a cientos de activistas de izquierda en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires.
Taiano pidió al juez que ordene la detención de los acusados y los cite a declarar sobre los delitos de lesa humanidad que se les imputan.
El expediente de ESMA es uno de varios grandes expedientes judiciales sobre los crímenes contra los derechos humanos, los cuales fueron reabiertos después de que la Corte Suprema de Justicia argentina declaró inconstitucionales las leyes de amnistía, conocidas como Punto Final y Obediencia Debida.
Estas leyes, dictadas en 1986 y 1987 respectivamente, sirvieron para suspender o no iniciar procesos judiciales a cientos de militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante el régimen de facto.
Lesa humanidad
Unos 256 miembros de la Armada, 17 policías, 11 integrantes del Ejército, seis agentes de la Prefectura Naval y cinco del Servicio Penitenciario, están involucrados en el expediente de la ESMA.
Están acusados de secuestros, asesinatos y otros delitos cometidos contra 614 personas que fueron vistas allí con vida por última vez.
Según testigos que sobrevivieron, unas 5.000 víctimas de la represión militar pasaron por el centro clandestino de detención montado por el gobierno militar.
Este miércoles, Torres ordenó el arresto de 18 ex oficiales involucrados en la desaparición del periodista Rodolfo Walsh.
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