El presidente de la Corte Suprema de Ecuador, Guillermo Castro Dager, desestimó este martes la validez de la huelga declarada por miles de trabajadores judiciales en protesta por la reciente reforma hecha por el gobierno al máximo tribunal del país.
El presidente Lucio Gutiérrez promoverá una consulta popular sobre la reestructuración del sistema judicial.
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"La manifestación no tiene razón de ser por cuanto se está garantizando la estabilidad de todos los funcionarios del Poder Judicial", señaló Castro en entrevista con BBC Mundo.
Según él, "existe un malentendido o una manipulación política", pues lo que se le ha pedido al Consejo de la Judicatura es que llene 400 vacantes que existen a nivel nacional.
Unos 4.000 empleados paralizaron sus actividades este lunes y aseguraron que no regresarán a sus trabajos hasta que los 31 nuevos jueces de la Corte -seleccionados por el gobierno- sean reemplazados por otros considerados políticamente independientes.
"Hemos resuelto desconocer a la Corte Suprema", declaró el presidente de la Asociación de Empleados Judiciales, Luis Muñoz.
"Constitucional"
Los huelguistas reclaman la renuncia de los nuevos magistrados, que asumieron en diciembre tras la destitución de la mayoría de los jueces de la Corte Suprema anterior.
En su momento, la medida generó fuertes críticas al gobierno por parte de distintos sectores de la población, desde poderosos empresarios hasta políticos moderados, quienes consideran que se trató de una acción inconstitucional.
El mandatario, Lucio Gutiérrez, justificó la decisión diciendo que era un paso positivo en la lucha contra la corrupción.
Este martes, y a la luz de la huelga actual, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Castro Dager, volvió a defender la constitucionalidad de los cambios.
"Se aplicó la transitoria 25 de la Ley Orgánica del Congreso, donde se hablaba de que la antigua corte estaba en funciones prorrogadas y, por lo tanto, se nombró un nuevo tribunal", explicó.
Consulta popular
El próximo lunes, el presidente Gutiérrez enviará al Congreso el texto definitivo de una consulta popular sobre la reestructuración del sistema judicial ecuatoriano.
Pero la iniciativa ya fue rechazada por el vicepresidente del país, Alfredo Palacio, quien la calificó de "inaplicable e inoportuna".
En una carta enviada a Gutiérrez y difundida por la prensa, Palacio indicó que el proceso de reestructuración, con la fórmula del mandatario, tardará mucho en aplicarse y en ese período la función judicial "vivirá sin cabeza".
"El pueblo sería deliberadamente distraído por un proceso electoral que no le permitirá concentrar su atención en los profundos problemas del país ni en sus soluciones", destacó el vicepresidente.
Según él, el principal tema que debería intentar resolver el gobierno es el de la creciente violencia política de las últimas semanas, mediante "acuerdos mínimos" entre todos los sectores de la sociedad.
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Se aplicó la transitoria 25 de la Ley Orgánica del Congreso, donde se hablaba de que la antigua corte estaba en funciones prorrogadas y, por lo tanto, se nombró un nuevo tribunal
