Miles de trabajadores judiciales de Ecuador declararon una huelga para protestar contra la reciente decisión del gobierno de interferir en la Corte Suprema de Justicia.
La oposición sostiene que la destitución de los jueces es inconstitucional.
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Unos 4.000 empleados aseguraron que no regresarán a sus trabajos hasta que los 31 nuevos jueces de la Corte, seleccionados por el gobierno, sean reemplazados por los que consideran que son políticamente independientes.
"Hemos resuelto desconocer a la Corte Suprema", declaró el presidente de la Asociación de Judiciales Luis Muñoz.
Los huelguistas reclaman la renuncia de los nuevos magistrados.
La huelga paralizó las actividades judiciales y provocó la renuncia del magistrado Gonzalo Silva.
Interferencia política
La protesta coincide con la visita de un relator especial de Naciones Unidas (ONU), que se encuentra en Ecuador para investigar acusaciones de que la reciente reestructuración del Tribunal Supremo constituye una interferencia política de parte del gobierno en el sistema judicial.
El relator Leandro Despouy se reunirá con miembros del gobierno, Congreso, y el sistema judicial como parte de su indagación.
El presidente Lucio Gutiérrez niega las acusaciones y asegura que en Ecuador no hay violación de los derechos humanos y que los cambios en la Corte Suprema de Justicia estuvieron apegados a la ley.
En diciembre, a pesar de la creciente crítica de numerosos sectores de la población, el presidente Gutiérrez apoyó la decisión del Congreso de ordenar la destitución de la mayoría de los jueces de la Corte Suprema.
Según él, la medida constituyó un paso positivo en la lucha contra la corrupción.
"Vientos positivos"
Gutiérrez defendió la necesidad de sustituir a los jueces para "luchar contra la corrupción".
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"Se están sintiendo vientos positivos de cambio", afirmó el mandatario en referencia a los cambios en el tribunal superior, precedidos por la remoción de la cúpula de las cortes constitucional y electoral.
Sin embargo, diversos sectores de la población protestaron por considerar que la medida fue inconstitucional y que podría contribuir a la instauración de un régimen dictatorial en el país.
El relator Despouy presentará su informe sobre la situación en Ecuador ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en abril próximo durante su reunión en Ginebra.