Venezuela: gobierno tomará tierras

El gobierno de Venezuela empezará esta semana a apoderarse de varias fincas como parte de su controvertida política de redistribución de tierra.

El gobierno se apoderará de unas 100.000 hectáreas.

Cuatro fincas han sido identificadas, incluyendo una operada por una firma británica y otra que es una reserva natural.

La fiscalización de estos terrenos forma parte de lo que el presidente venezolano Hugo Chávez llama "guerra contra el latifundio".

El Instituto Nacional de Tierras (INTI) anunció que tomará alrededor de 100.000 hectáreas para entregárselas a los pobres.

El presidente del INTI, Eliécer Otaiza, dijo a la agencia de noticias Reuters que a partir de este lunes empezará el "rescate" de los terrenos que en la víspera fueron declarados "ociosos".

Explicó que la medida fue tomada tras un proceso de inspección de títulos y verificación de la producción de las tierras.

El Charcote

Otaiza indicó que el gobierno se apoderará de parte de las 12.950 hectáreas de El Charcote, operado por el productor ganadero británico Vestey Group.

Una de las fincas que será tomada es operada por una firma británica.

También será fiscalizada la mayoría de las 80.212 hectáreas de Hato Piñero.

Aseguró que unas 6.000 hectáreas de El Charcote no serán tocadas porque tienen actividad productiva.

Chávez introdujo la ley de reforma agraria en 2001, que permite al gobierno fiscalizar tierra que considere que no se le está dando uso productivo.

Esa ley es una de las varias reformas que desataron tres años de conflicto entre el presidente y sus opositores políticos.

No es expropiación

Otaiza explicó que la toma de las fincas no es una expropiación. "En este caso, cuando son públicas es rescate".

Un comunicado de prensa del INTI asegura que Hato Piñero es un latifundio, y que no fue demostrado legalmente la propiedad privada.

El pasado 9 de enero, policías y militares de Venezuela inspeccionaron la finca El Charcote, ubicada en el central estado de Cojedes y ocupada por la Agropecuaria Flora, una subsidiaria del grupo Vestey.

El presidente Chávez firmó un decreto dirigido a reforzar su política de reforma agraria.

Representantes de la firma dicen tener documentos que prueban que son titulares, desde el siglo XIX, de la estancia.

Pero el gobierno venezolano afirma que una parte de El Charcote pertenece al Estado y debe ser devuelta.

Guerra al latifundio

Dos días después, el presidente Chávez firmó un decreto dirigido a reforzar su "guerra contra el latifundio".

Mediante el decreto se estableció una comisión nacional para revisar la situación de la tenencia de la tierra en el país. Esto incluyó la fiscalización de los títulos de propiedad, y si se está dando uso productivo a las tierras.

Este plan fue rechazado por la Federación Nacional de ganaderos (FEDENAGAS) y otros gremios de productores agrícolas del país.

Pese a que el gobierno en reiteradas ocasiones ha hablado sobre la necesidad de profundizar su "guerra contra el latifundio", hasta el momento sólo se ha asentado en terrenos del estado a alrededor de 130.000 familias campesinas. Con excepción de tierras que el Estado disputa, no se ha expropiado ninguna finca de propiedad privada.