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Sábado, 5 de marzo de 2005 - 06:07 GMT
AMIA: responsabilidad argentina
Sitio del atentado contra la AMIA
Argentina reconoció ante la OEA su responsabilidad.

El gobierno de Argentina reconoció ante la Organización de Estados Americanos, OEA, su responsabilidad en la falta de investigación del atentado cometido en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA.

Las responsabilidades fueron reconocidas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, CIDH.

Representantes del Gobierno de Buenos Aires aceptaron además su responsabilidad por las maniobras de encubrimiento tendentes a garantizar impunidad a los responsables materiales y políticos.

El reconocimiento de las irregularidades fue comunicado a la CIDH por el responsable de Derechos Humanos de la cancillería argentina, Horacio Méndez Carrera, quien prometió además a dar un drástico cambio de rumbo a la investigación del atentado que cobró la vida a más de 85 personas, el 18 de julio de 1994

Juez Juan José Galeano.
El juez Galeano es acusado de trece delitos.

Los familiares de las víctimas y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional se mostraron complacidos ante la decisión del gobierno.

El informe de Grossman

Según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el reconocimiento argentino se basó en el informe preparado por el relator de la causa AMIA, Claudio Grossman.

El informe detalla las irregularidades cometidas durante el proceso de la investigación penal de la causa que condujo suspendido juez Juan José Galeano.

El documento de Grossman propone una serie de medidas que debería adoptar el gobierno argentino para resolver el caso.

Conmemoraciones en el décimo aniversario del atentado contra la AMIA
Hasta el momento nadie ha sido llevado ante la justicia.

El estado argentino tiene plazo hasta octubre de 2005 para cumplir con algunos de los compromisos asumidos en la audiencia con la OEA.

El gobierno se compromete a impulsar una ley general de reparaciones pecuniarias a favor de todos los familiares de las víctimas del atentado, así como promover juicios políticos a los funcionarios judiciales que no investigaron el atentado.



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