Gutiérrez defendió la necesidad de sustituir a los jueces para "luchar contra la corrupción".
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El gobierno de Ecuador dijo que la ONU podrá visitar el país cuando lo estime conveniente para investigar acusaciones de presunta interferencia política en la Corte Suprema de Justicia.
La Organización de Naciones Unidas está indagando denuncias de la oposición ecuatoriana de que el gobierno destituyó a la mayoría de los jueces de la Corte Suprema en diciembre para instalar a magistrados que favorecieran sus planes políticos.
El presidente Lucio Gutiérrez ha negado estas imputaciones.
Poco después del anuncio gubernamental, el relator especial de Naciones Unidas, Leandro Despouy, dijo que adelantará una visita que pensaba realizar a Ecuador.
En declaraciones desde Ginebra, Suiza, a la estación Radio City de Quito, Despouy anunció que llegará a Ecuador entre el 14 y el 30 de marzo.
El funcionario de la ONU agregó que se reunirá con representantes de todos los sectores involucrados para saber qué ocurrió y redactar un informe.
Despouy podría presentar el informe durante la reunión anual de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que se realizará del 14 de marzo al 22 de abril.
También en la OEA
El caso se debatirá además esta semana durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo adjunto a la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, Estados Unidos.
Los estudiantes y otros sectores de la población apoyaron a los jueces cesados.
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La Comisión Andina de Juristas presentará el caso de Ecuador.
El asesor del presidente Gutiérrez, José Guerrero, y el subsecretario jurídico de la presidencia de Ecuador, Carlos Larrea, representarán al Estado.
Su defensa se centrará en demostrar, según dijeron a la prensa, que, contrario a las acusaciones de la oposición, en Ecuador no hay violación de los derechos humanos y que los cambios en la Corte Suprema de Justicia estuvieron apegados a la ley.
"Corrupción"
En diciembre, a pesar de la creciente crítica de numerosos sectores de la población, el presidente Gutiérrez apoyó la decisión del Congreso de ordenar la destitución de la mayoría de los jueces de la Corte Suprema.
Según él, la medida constituyó un paso positivo en la lucha contra la corrupción.
"Se están sintiendo vientos positivos de cambio", afirmó el mandatario en referencia a los cambios en el tribunal superior, precedidos por la remoción de la cúpula de las cortes constitucional y electoral.
Sin embargo, diversos sectores de la población protestaron por considerar que la medida fue inconstitucional y que podría contribuir a la instauración de un régimen dictatorial en el país.