El proyecto afectaría a los alrededor de 19.000 paramilitares.
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El gobierno de Colombia anunció que no aceptará presiones de los paramilitares que buscan cambiar un proyecto de ley relativo a su desmovilización.
El Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, señaló que el gobierno se mantendrá firme ante las demandas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la mayor organización paramilitar del país.
Este grupo amenazó con poner fin a las conversaciones con el gobierno si el Congreso aprobaba una ley que permite encarcelar de cinco a diez años a los líderes rebeldes que sean hallados culpables de delitos no susceptibles de amnistía o indulto.
Los paramilitares dijeron que preferían luchar hasta la muerte a tener que enfrentar lo que describieron como un humillante proceso legal.
"El gobierno nacional reitera que no acepta ningún tipo de presión contra el Congreso, los medios de comunicación, ni contra el ejecutivo, frente al proyecto de Ley de Justicia y Paz que se encuentra en discusión", dijo Restrepo en un comunicado.
"Resulta inconveniente que voceros de las Autodefensas insinúen amenazas de ruptura de la mesa de diálogo, en el momento en que se adelanta un debate democrático y transparente en torno a este tema", añadió.
A nombre del gobierno colombiano, Restrepo le recordó a las AUC que "en caso de tomar la decisión de romper las conversaciones en marcha y según los términos pactados en el Acuerdo de Fátima del 13 de mayo de 2004, tienen cinco días para abandonar, con garantías, la zona de ubicación".
Dicha zona se encuentra en la aldea de Santa Fe de Ralito, unos 800 kilómetros al noroeste de Bogotá.
Desacuerdo
La semana pasada, Restrepo presentó su dimisión al presidente Álvaro Uribe, aduciendo serias diferencias con el ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, y con otros funcionarios sobre los beneficios legales que deberían otorgarse a los paramilitares que depongan las armas.
Restrepo (izq) ha manifestado sus diferencias sobre el proyecto de ley.
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Sin embargo, después de reunirse con Uribe, Restrepo decidió reconsiderar su renuncia.
El Alto Comisionado de Paz no está de acuerdo con aspectos del proyecto de ley, resaltando que son producto de presiones de la comunidad nacional e internacional.
Asegurando que no está a favor de la impunidad en los casos de paramilitares acusados de violaciones a los derechos humanos, Restrepo resaltó que la forma en que se redactó el proyecto es de sometimiento más que de alternativas penales.
Esas alternativas consisten en ofrecer opciones distintas a la cárcel, como la libertad condicional, y ha recibido fuertes críticas por parte de dirigentes y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El proyecto afectaría a los 4.820 paramilitares que han depuesto las armas y los más de 14.000 que deberán dejarlas antes de fines de 2005.
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El gobierno nacional reitera que no acepta ningún tipo de presión
